Lo que hasta aquí eran sospechas de escuchas ilegales o armado de carpetas para perseguir a empresarios y políticos de la provincia, esta semana escalaron al nivel de audios en los que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain se explaya sobre maniobras y operaciones en ese sentido, que en algún caso adjudica a órdenes superiores o “mandato político”.
Los alcances de la crisis que se abre con la confirmación de estas maniobras son impredecibles. Entre otras cosas porque esos audios son una ínfima parte de todos los elementos reunidos en el marco de la investigación que se lleva adelante en la fiscalía de la ciudad de Santa Fe por presunto espionaje o recolección de información de forma ilegal y que se inició en noviembre de 2021.
Es decir, todavía falta el capítulo más trascendente: que se produzca la imputación formal a ex funcionarios y quizás funcionarios actuales. Entre los que siguen en el gobierno, los ojos están puestos sobre el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, que aparece en las conversaciones con Sain. En todo caso, habrá que esperar una audiencia imputativa en la que la fiscalía revelará con mucho mayor nivel de detalle y amplitud maniobras y acciones como las que se conocieron en estos audios, pero que son apenas un botón de muestra.
La fiscalía lleva 10 meses de análisis de los elementos incautados en el famoso procedimiento realizado en las oficinas del Ministerio de Seguridad donde secuestró equipos informáticos, celulares y documentación. A pesar de las presiones de las partes involucradas y la política, sumado a la ansiedad pública, la fiscalía insiste en manejar los tiempos con pie de plomo. Por eso no hay ninguna certeza de que la audiencia imputativa ocurra en los próximos diez días como se especula.
El gobernador no dejó renunciar al secretario de Justicia Gabriel Somaglia, pero lo apartó de la conducción del concurso de autoridades superiores en el cual se define el recambio de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.
Ese concurso es de enorme trascendencia institucional porque seleccionará a los responsables de dirigir la política de persecución criminal por los próximos años. No podía estar ni un minuto más a cargo de alguien que en los audios relata cómo manipula funcionarios judiciales para proteger a funcionarios políticos. Igual, quedó severamente herido todo el proceso al renunciar buena parte del jurado del concurso con los camaristas de casación nacional Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma a la cabeza. Esos tres magistrados eran los que le aportaban volumen y prestigio.
A pesar de esos traspiés, Somaglia seguirá a cargo del resto de las funciones de la Secretaría de Justicia. Una señal de respaldo inequívoca, a pesar de que en las próximas horas el reconocido constitucionalista santafesino Domingo Rondina lo denunciará penamente por los presuntos delitos de tráfico de influencias, espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el abogado, “el apartamiento del concurso es una farsa, es para proteger a Somaglia, no para castigarlo. Es para que pueda hacer lo que iba a hacer pero sin aparecer él. Todos sus colaboradores, como el subsecretario del Consejo de la Magistratura Fernández Vigil, seguirán manejando ese concurso, más allá de que se diga que lo supervisará la ministra Celia Arena”.
Así las cosas es imposible que un procedimiento de tanta trascendencia institucional siga adelante sin no se produce un acuerdo político con la oposición, que es la que tiene la llave para regular la velocidad de desarrollo de la crisis institucional en ciernes. El gobierno abrió contactos informales por un lado y envió mensajes públicos por el otro a través de la ministra de Gobierno Celia Arena.
En el caso del concurso del MPA, o se reinicia desde cero, o se acuerda una salida política que devuelva credibilidad. Ya no podrá ser un concurso en línea diseñado en función de los intereses del Ejecutivo y algún sector del Poder Judicial como el que comenzó Somaglia. Esa vía quedó cancelada definitivamente esta semana y deberá ser replanteada.
El socialismo y parte de la UCR no quieren que el concurso se caiga y apuestan a que para abril –a lo sumo junio cuando vence el mandato del fiscal regional de Reconquista– se dé el recambio en tiempo y forma. Para eso el Ejecutivo deberá dar señales de apertura y transparencia que hoy no están. Una de las salidas posibles para no volver todo a fojas cero es seguir adelante con quienes se inscribieron y los planes de trabajo que presentaron, y reconstruir un jurado de prestigio y creíble, al que todo el arco político le garantice apoyo sin interferencias.
Cabe recordar que la oposición tiene mayoría en la Legislatura, por lo tanto si ese jurado carece de suficiente legitimación, será la excusa perfecta para que rechace los pliegos que envíe el gobernador.
Hay algo más: la onda expansiva por la caída en desgracia de Somaglia irradia también sobre el concurso de fiscales de grado que ya se veía que “venía en falsa escuadra”, como dice el tango de Enrique Santos Discépolo. Un listado que “se filtró” antes de que se publique oficialmente muestra a fiscales adjuntos de probada pericia y experiencia, algunas/os que incluso asumieron riesgos muy grandes por investigar, muy atrás en el orden de mérito, por debajo de la línea de vacantes en juego; y muy arriba, en zona de puesto asegurado, a nombres muy jóvenes sin experiencia.
El gobernador hasta ahora no habló públicamente de los audios y sus consecuencias. Las voces que lo hacen por él son la ministra de Gobierno Celia Arena y el ministro Coordinador Marcos Corach. Mientras éste último pateaba la pelota afuera –“Algunos quieren ensuciar el concurso en el MPA porque buscan imponer lo propio a toda costa. Liman la democracia y las instituciones en nombre de la democracia y las instituciones”– el mensaje de Arena avisaba en los medios que “el diálogo con todas las fuerzas políticas está abierto. Siempre".
El diputado Roberto Mirabella, involucrado en uno de los audios porque Sain menciona que le dio una orden para pasarle información de Seguridad a un abogdo particular para le arme “una denuncia penal a (Maximiliano) Pullaro", eligió la estrategia de negar todo. Pero el audio está ahí, es decir que lo que Mirabella deja implícito es que Sain lo hizo por sí mismo y que a sus íntimos colaboradores les decía que eran “mandatos políticos”. También el ministro Corach negó otro audio: en el que Sain dice que acordaron perfilar y armar una causa contra el propietario del diario El Litoral Nahuel Caputto.
Por otra parte Mirabella intenta sacar la investigación judicial de la órbita provincial y llevarla a la Justicia federal, donde tiene mejor llegada y diálogo frecuente a partir del seguimiento de los concursos para cubrir vacantes y reformas legislativas. En primera instancia el juez Reinaldo Rodríguez desestimó el pedido. Mirabella apeló a la Cámara que tiene el caso en estudio.
Este sábado, en un reportaje en Radio Universidad, Marcelo Sain repitió que “nada de esto fue una política de Sain, fue una política del gobierno de Santa Fe”. Está claro que no está dispuesto a ser el pato de la boda y su preocupación es que no le suelten la mano.
Por último, el peronismo no perottista no emitió palabra. ¿Cómo debe interpretarse eso? Para algunos el peronismo dejó solo al gobierno como en el caso del conflicto docente, donde nadie quiere quedar pegado a la decisión de descontar los días de paro (dicho sea de paso llegaron los recibos con deducciones de 30 mil a 100 mil pesos). Hay que recordar que en ese caso los diputados Luis Rubeo, Leandro Busatto (La Corriente) y Matilde Bruera (bielsismo) criticaron al gobierno, tomaron distancia y acompañaron declaraciones de la oposición sobre este tema. Por eso hay otros en el PJ que creen que el gobierno debe leer el silencio en relación a los audios como una contribución para no empeorar una situación ya muy delicada que golpea a todo el oficialismo.
Por el lado de la oposición, tampoco hubo reacciones uniformes. Para Maximiliano Pullaro los audios de Sain son la confirmación, “ahora con pruebas”, de que desde el gobierno provincial le armaban operaciones políticas en su contra. Recogió respaldos de las principales figuras de la UCR y del Comité Nacional de la UCR. Fiel a su estilo, habló de “una asociación ilícita en el gobierno” provincial. Sain y Mirabella le respondieron una vez más por su apoyo años atrás a al comisario condenado Alejandro Druetta.
El socialismo se expresó unos cuantos tonos más abajo que Pullaro, aunque no dejó de señalar la “grave crisis institucional sin precedentes” y que de comprobarse estas “maniobras políticas y judiciales de carácter ilegal”…“estaríamos frente a un escándalo institucional que pondría en riesgo los estándares mínimos de democracia y de legalidad propia del Estado de Derecho”.
Como se dijo más arriba, la oposición tiene la llave para contener o acelerar la crisis en ciernes, pero sin duda la máxima responsabilidad por lo hecho y por lo que falta hasta diciembre de 2023 es de la Casa Gris.
