Fuerzas federales y agentes de la Afip realizaban este miércoles operativos en Rosario, por una asociación ilícita que vendía facturas truchas y habría movido hasta 2.500 millones de pesos de forma irregular. La causa involucra a 80 sospechosos; había cinco detenidos y se dictaron 20 prohibiciones para salir del país.

En horas del mediodía eran 35 los domicilios allanados en la ciudad. Algunos de ellos en pleno microcentro, como los casos de Córdoba al 600, 9 de Julio al 900 y Mendoza al 500. Todos por defraudación al Estado nacional.


Según adelantó el periodista Daniel Amoroso desde el móvil de El Tres, apostado en uno de los procedimientos, hay 6.500 comercios y empresas del país que compraron facturas apócrifas, para las que se utilizaron 72 cuits distintos, con comprobantes de distintas modalidades: papel, electrónicos, tíckets, controladores fiscales y por impresora fiscal.

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Trascendió que la banda desbaratada estaba constituida por unas 80 personas entre las que hay escribanos, contadores, especialistas informáticos, administrativos y vendedores. Todos son rosarinos y están acusados del delito de asociación ilícita, con operaciones en todo el país.

Además, se constató que las personas que figuran como directores y socios de las firmas en cuestión son insolventes y en algunos casos identificaron a los organizadores de la maniobra.

Ladrones de guantes blancos

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de rosario, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, que llevaba adelante “una investigación de varios meses”, según se informó.

Se cree que los cinco detenidos eran los cabecillas de la banda. Y hay otras 20 personas que tienen restringida la salida del país. Además, se libraron inhibiciones generales de bienes a todas ellas.

El primer reporte oficial daba cuenta que la defraudación fiscal asciende a 2.500 millones de pesos sólo de capital de impuestos, a lo que habría que adicionar intereses y multas.

Participaron del múltiple operativo fuerzas de seguridad nacionales y más de 150 funcionarios de Afip, quienes procedieron al secuestro de documentación y material informático relevante para la causa.

Los detenidos se dedicaban a crear empresas, las que luego de inscribirse en la Afip eran utilizadas sólo para emitir facturas truchas. Fueron identificadas rápidamente a través de herramientas de control que la Afip diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas.