El gobierno de Santa Fe confirmó este domingo que se prorroga la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio en toda la provincia hasta, al menos, el 30 de agosto próximo. De la mano de ello, siguen prohibidas las reuniones familiares o afectivas hasta esa fecha.
"Continúa la prohibición de los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente", confirma el decreto emitido este domingo.
El gobernador Omar Perotti firmó el decreto Nº 0851 mediante el cual la provincia se pliega al DNU Nº 667/20 del gobierno nacional “para todas las personas que residan o transiten por la provincia”.
Además, se prorroga hasta el 30 de septiembre del corriente año inclusive “la validez y vigencia de las habilitaciones, permisos, licencias o autorizaciones que otorga la provincia o cualquiera de sus reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, cuyo vencimiento opere con anterioridad a esa fecha, y cuya renovación deba tramitarse indefectiblemente de manera presencial en las reparticiones públicas correspondientes”.
En el mismo decreto también “se encomienda al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en coordinación con las autoridades municipales y comunales, controlar el estricto cumplimiento de lo establecido en cuanto a la prohibición, en todos los ámbitos de trabajo, de la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de dos metros entre los y la concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente”.
Esto, debiendo “garantizarse que la parte empleadora adecúe los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios; conforme lo dispone la citada norma nacional”, señala el comunicado oficial.
Finalmente, se establece que las autoridades municipales y comunales, “en concurrencia con las provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en virtud de la vigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria”.
Los municipios quedan “facultados a proponer mayores restricciones, requisitos y definir modalidades particulares en sus distritos para el desarrollo de las actividades permitidas”, finaliza el parte.
