A través de una resolución inédita en el país, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dispuso que las oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio Público –ley 10.160– son competentes para recibir y dar trámite a todas aquellas denuncias por violencia y/o discriminación basadas en el género y/u orientación sexual de la persona denunciante.
De este modo se allana el camino para la tramitación de las denuncias por violencia y discriminación hacia el colectivo LGBT+.
El Instituto de Políticas Públicas LGBT+ celebró este importante avance. “La Resolución 06/21 del Procurador General de la Corte Jorge Barraguirre constituye un importante avance, ya que a partir de ahora se podrán tramitar todas las denuncias sobre violencia basadas en la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de las víctimas, en las dependencias del Ministerio Público, garantizando el acceso a la justicia para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y personas no binarias”, señaló el director ejecutivo del IPP LGBT+, Esteban Paulón.
Sobre el sentido de la Resolución agregó: “La violencia por motivos de género no se agota en la perpetrada contra las mujeres, sino también contra todas las personas con una identidad sexo afectiva diferente a la hegemónica".
Así lo entendió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ha señalado que la violencia contra las personas LGBT+ constituye una "forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. A partir de ahora contamos con una herramienta para que esa convicción se traduzca en una política pública real."
Para finalizar, Paulón expresó: "Esperamos la pronta implementación de esta norma, ya que en muchas ocasiones, y frente a la violencia y el odio, no hemos encontrado vías que nos permitan denunciar para alcanzar la justicia. En un contexto de odio creciente, es indispensable poder ejercer nuestro derecho a vivir vidas libres de violencia”.
