Rosario fue la semana pasada escenario de una cumbre nacional de la Justicia federal en la que se reclamó una mayor cantidad de recursos para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Pero, en rigor, no es muy distinta la situación que afronta la Justicia provincial, que con recursos económicos limitados tiene que hacer frente a una altísima demanda para el esclarecimiento de unos 230 mil delitos anuales en promedio, quedando muchas investigaciones frenadas por falta de fondos para la realización de pericias claves, como el desbloqueo de celulares.
Veamos: el presupuesto que el gobierno santafesino le asignó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para este año es de $397.028.000. Se trata de un aumento nominal del 72% frente a los $230.550.000 que le presupuestaron en 2021.
¿Pero de cuánto es el aumento real? Como la inflación presupuestada para el año oscila el 60%, el gasto a ejecutar en 2022 debería incrementarse en igual magnitud a la inflación de este año para lograr mantenerse constante en términos reales.
Y al hacer ese cálculo surge que el incremento real de los recursos económicos que tienen los fiscales para hacer frente a la creciente y complejizada criminalidad en la provincia estará en torno al 12%. Una mejora que luce exigua para una ciudad que acumula 112 muertos en los que va del año y que tiene solo ocho fiscales de Homicidios Dolosos para hacer frente a las investigaciones.
En ese contexto, el fiscal general Jorge Baclini reclamó a principios de mes más recursos humanos y económicos para poder hacer frente a la crisis en seguridad que atraviesa Santa Fe. Lo hizo en la Legislatura, cuando fue a presentar su Informe de Gestión ante diputados y senadores departamentales.
“Somos 650 personas para una problemática de 230 mil delitos anuales”, dijo Baclini ante los legisladores provinciales para ponerle números a la altísima demanda que afrontan distintas unidades fiscales de las cinco circunscripciones. Por caso, la Segunda Circunscripción de la Fiscalía Regional tiene 87 fiscales distribuidos en distintas ciudades y unidades, todos bajo la gestión de la fiscal regional María Eugenia Iribarren. Con ese recurso humano –que abarca también a empleados de las unidades administrativas– tienen que hacer frente a todas las investigaciones penales en la región.
Agosto, mes clave
Según supo Rosario3, en Fiscalía general calculan que necesitan una suba del 35/40% de fondos sobre lo presupuestado, eso sin contar el dinero para concretar obras pendientes y compras de equipos.
Por caso, en 2021 los $230M presupuestados fueron insuficientes y el MPA tuvo que pedir una partida extra de $30M, que redondeó un aporte anual del Tesoro Provincial de $242 M porque de la masa total de recursos hay que descontarle $18M que provienen de la recaudación propia del MPA. Y todo esto ocurrió en un año en que la Provincia terminó con un superávit de $295 millones de pesos.
En términos estrictamente técnicos, la comparación entre el incremento proyectado en el presupuesto debería ser contra el ejecutado en 2021 (que redondeó los $260 millones), pero aún sumándolo los $30 M el aumento real del presupuesto para el 2022 arroja una suba que no llega al 15% frente al fuerte aumento de la delincuencia.
Como sea, el debate sobre la magnitud de los recursos destinados por el Tesoro santafesino adquiere relevancia porque hay gastos operativos específicos que tienen un costo alto, por ejemplo por la necesidad de uso de tecnología, que se consumen gran parte de los fondos asignados. Por ejemplo, el envío de celulares de alta tecnología (Iphone 11 en adelante) a San Pablo para desbloquearlos tiene un costo de $18 millones de pesos, un 4% del presupuesto anual.
"Había una licitación anunciada para adquirir esos equipos, pero el proceso de adjudicación se está dilatando. Son equipos costosos, pero se amortizarían rápido", resaltó Baclini.
Según lo dispuesto en el presupuesto para este 2022, del total de $397M, se repartirán de la siguiente forma:
1) $324,514,000 para el MPA
2) $24,476,000 para el Organismo de Investigaciones
3) $4,636,000 para Auditoría General de Gestión
4) $34,552,000 para Laboratorios Forenses
5) $5,000,000 para Obras en Organismos y Laboratorios
6) $2,000,000 para Refuncionalización de Fiscalías
7) $1,850,000 para Análisis digital forense
Por ley de Emergencia, para este año se dispuso un refuerzo de $200 millones para el MPA, que se repartirán en partes iguales para la adquisición de bienes de uso para el Organismo de Investigaciones (OI) y para la compra de bienes intangibles.
Esos fondos son importantes, pero lo que necesitan los fiscales es más personal y ese dinero extra no aplica para fondear el aumento de la plantilla. No en vano, y pese a ese refuerzo, Baclini ya le avisó a los legisladores que, al ritmo del gasto actual, para agosto de este año corre riesgo de quedarse sin presupuesto. Una advertencia que volvió a hacer este jueves por la mañana en Radiópolis, por Radio Dos. "Para agosto, máximo septiembre, nos habríamos consumido todo el presupuesto, alertó el alto funcionario.
“Tenemos necesidades operativas importantes. En materia de recursos humanos, cada fiscal -en promedio- tiene un empleado y medio a disposición, más algún pasante que se puede disponer. Buscamos contrarrestar el déficit redoblando esfuerzos y generando alternativas, pero son en el marco de la precariedad laboral”, dijo el fiscal general.
“En el ámbito económico, tenemos la falta de inmuebles para trabajar de manera correcta y con los espacios que corresponden. Tuvimos que alquilar un edificio en la esquina del Centro de Justicia Penal y ahora vamos a tener que salir a alquilar otro nuevo cuando se incorporen los fiscales que están concursando”, agregó el funcionario. Y en materia de tecnología, resaltó que el envío de equipos a periciar a Buenos Aires le quita fluidez a la gestión. Baclini contó que el año pasado los hicieron cargo de la administración de los Laboratorios Químicos, pero no les transfirieron presupuestos.
En Rosario, la urgencia por más recursos humanos y más presupuesto es mayor porque el 60% de los delitos se transmitan en la ciudad. "El MPA necesita una definición política para su futuro. Necesitamos que tenga autonomía, independencia presupuestaria y autarquía financiera", resaltó.
Vía libre
Más allá del debate sobre la magnitud de los fondos aportados por la Provincia al MPA, el Presupuesto, en su artículo 23 establece que no se pueden sumar nuevos cargos enumerándolas excepciones a esa disposición general.
En concreto, en el debate en Diputado. se introdujo el inciso iii) del item a) que se pueden sumar 30 cargos para el tribunal de cuentas y 30 para el MPA, por lo cual el gobierno provincial tiene el aval normativo para sumar el personal que los fiscales están pidiendo y que la ciudadanía, sobre todo la rosarina, está reclamando.
