La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez en una zona rural de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, quedó a cargo de la Justicia federal luego de que los fiscales provinciales que trabajaron desde el principio con el caso se declararan incompetentes dada la hipótesis de que podría tratarse de un hecho de trata de personas.
En ese marco, y bajo esa línea de investigación, fue que "los magistrados federales y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich ordenaron una total confidencialidad en la investigación". Así lo remarcó Marcelo Romero, subsecretario de investigación criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, en diálogo con De Boca en Boca (Radio 2).
El funcionario hizo hincapié en que dado que se trata de un caso delicado y un posible delito federal, se debe mantener bajo resguardo la información recabada por los investigadores.
"Va a haber solamente información oficial por parte de la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y del fiscal federal Mariano Guzmán", indicó Romero este martes, y aclaró que las fuerzas federales y los funcionarios involucrados en los trabajos de investigación tienen "prohibido hacer declaraciones" al respecto.
A más de 10 días, todavía "no hay certezas" sobre el paradero de Loan
El subsecretario de investigación criminal de la cartera nacional de Seguridad reconoció que hasta el momento "certezas no hay" sobre en dónde podría estar el niño desaparecido. Los investigadores están trabajando con "sospechas fundadas" que llevaron a concretar las detenciones de los imputados hasta el momento. Sobre el trabajo de los investigadores, comentó: "Hay una mesa de situación en la que se plantean muchos interrogantes. Se elabora un cuadro con nombres y apellidos, y en ese contexto se plantean hipótesis, algunas que se descartan y otras que se siguen", y agregó que "en la investigación criminal todas las pruebas deben ser científicamente comprobables", razón por la cual se trabaja de manera rigurosa sobre todas los indicios. Es por esto que "no se puede desoir ninguna voz", incluso cuando pueda tratarse de testiminios con información falsa que tienen la finalidad de desviar la atención de los investigadores, aclaró. Este martes, la ministra Bullrich y su equipo mantuvieron reuniones con autoridaes de la Policía provincial de Corrientes y los ministros provinciales de Seguridad y Justicia, mientras que equipos de las fuerzas de seguridad provinciales también están trabajando en el caso que quedó bajo la órbita de la jueza Pozzer Penzo. Este trabajo mancomunado, describió Romero, es "bien complejo". "Estamos en un momento de transición en el que la Justicia provincial declara su incompetencia y le solicita a la Justicia federal que se haga cargo de la investigación. A partir de allí, lo que hace la jueza federal es delegarle la investigación a un fiscal federal, que en las próximas horas debe emitir un dictamen declarando si acepta el caso y, así mismo, el dictamen de los fiscales provinciales", explicó. En ese marco, todas las autoridades tanto provinciales como nacionales están trabajando "en colaboración" y con "todas las hipótesis sobre la mesa". "Ninguna se desestima, tanto las que plantearon los fiscales provinciales como la que propone el fiscal federal", sostuvo el funcionario. Teniendo en cuenta esto, Romero indicó que la imputación de los detenidos hasta el momento por trata de personas es "provisoria hasta que el fiscal y la jueza federal consideren que esa es la calificación bajo la que ellos van a seguir adelante". "No se descartó todavía la búsqueda bajo la hipótesis de un caso de niño perdido", afirmó. Con respecto al trabajo con los países limítrofes, Romero señaló que se alertó a Interpol y a "los representantes diplomáticos", como así también a las fuerzas policiales y a las divisiones de inteligencia e investigación correspondientes. "La colaboración es absoluta y recíproca", enfatizó. Por otro lado, Romero no coincidió con quienes cuestionan la demora en activar el Alerta Sofía y argumentó que "se aplicó en las 24 horas posteriores a la desaparición". "La fuerza federal estuvo a disposición de la provincia 26 horas después del primer contacto policial", ratificó. Y en el mismo sentido amplió: "Cada vez que hay una persona desaparecida, sobre todo un menor de edad, se pone en contacto a las fuerzas federales y se analiza el contexto de la situación" para definir los pasos a seguir. No obstante, reconoció que el accionar en este tipo de casos "siempre es mejorable desde el punto de vista de la imlpementación y también desde lo legal".
Traspaso de competencias
