Un interno que cumple condena en el penal de Villa Devoto podrá trabajar para una empresa privada desde la unidad carcelaria. La persona privada de la libertad recibió el permiso para realizar tareas en relación de dependencia para una firma editorial que provee de herramientas jurídicas para abogados y entidades públicas y privadas vinculadas a la actividad judicial. La autorización fue otorgada por la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5, María Jimena Monsalve, a partir de un pedido hecho por la defensa pública oficial.
La petición de la Unidad de Letrados Móviles N° 2 ante los jueces nacionales de Ejecución Penal, a cargo de Federico D’Ottavio, calificó al ofrecimiento laboral que recibió su asistido como “un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”.
Asimismo remarcó la necesidad de arbitrar los medios para no frustrar esta posibilidad de inclusión laboral intramuros. En ese sentido, destacó que “aparejará efectos beneficiosos para su proceso de reinserción social.”
Ahora el Servicio Penitenciario Federal deberá suministrar al condenado una conexión a internet estable y además coordinar con el personal de la empresa que contrató al interno la entrega de una computadora y un teléfono fijo para que el preso pueda realizar las tareas laborales que le indique el empleador.
La jueza también ordenó que las autoridades del penal deberán habilitar un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria. En la resolución la magistrada dispuso además que el Servicio Penitenciario deberá asignarle un espacio adecuado dentro de la unidad carcelaria para que el interno pueda montar “su oficina” en donde pueda realizar el trabajo que le encomiende la firma editorial que lo contrató.
Tras el pedido de la defensa oficial del detenido, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal que interviene en el caso pidió que el director del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (más conocido como la cárcel de Devoto) informe sobre la posibilidad de brindar el espacio y herramientas solicitados para la realización de las tareas. Pero la jueza María Jimena Monsalve desestimó esa solicitud a “fin de no dilatar innecesariamente la cuestión debatida y, principalmente, de garantizar el derecho de acceso al trabajo.”
Asimismo, la magistrada le dio intervención a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós para que le dé cumplimiento a su disposición e informe sobre las gestiones realizadas a fin de concretar las medidas ordenadas por Monsalve.
En su resolución, la jueza hizo referencia a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos –conocidas como Reglas Mandela– que, en relación con trabajo de los detenidos, entre otras cosas, señalan que la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento para preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.
Entre otros argumentos, la jueza Monsalve destacó el “bajo porcentaje de acceso al empleo que arroja el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2020″ y que “el 47% de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso a la detención no tenía ni oficio ni profesión. Además, la magistrada hizo mención en su resolución que el 40 por ciento eran personas desocupadas; el 64 % actualmente no accede a trabajo remunerado y el 89 % no participó de algún programa de capacitación laboral.
La firma que contrató al condenado para que trabaje desde la cárcel es una empresa que se especializa en el desarrollo de herramientas jurídicas para abogados, Poderes Judiciales, Universidades y otras entidades públicas y privadas.
