El sistema tributario en su concepción ideal debe ir más allá de ser un simple mecanismo de recaudación para el Estado. Su diseño debería perseguir objetivos integrales, como financiar el gasto público, fomentar el desarrollo económico y garantizar la equidad fiscal. Sin embargo, en nuestro país, este conjunto de tributos carece de coordinación, generando ineficiencias y distorsiones en la economía.

Un cambio estructural que se oriente a la simplificación del esquema actual implicaría varias reformas clave.

En primer lugar, la eliminación de los derechos de exportación, incluidos aquellos aplicados al sector agropecuario, es un punto de partida. Estas retenciones no solo afectan la competitividad del sector, sino que además desincentivan la producción y exportación en un mercado globalizado.

Adicionalmente, la eliminación de impuestos distorsivos como el Impuesto País y el Impuesto al Cheque debe ser prioritaria. Para este último, una solución razonable sería su aplicación como pago a cuenta del 100% de otros tributos, reduciendo su impacto regresivo.

Por otro lado, la reducción de la alícuota del IVA es esencial para aliviar la presión fiscal sobre el consumo, un aspecto que incide directamente en los sectores más vulnerables.

A esto se suma la necesidad de evitar el salto abrupto que enfrentan los monotributistas cuando migran hacia el régimen general, mediante la creación de una categoría puente que facilite la transición.

La estructura del Impuesto a las Ganancias también requiere revisiones profundas. Reducir la alícuota general del 35% al 25% para empresas impulsa la reinversión de utilidades, mientras que un aumento en el gravamen sobre los dividendos al 13% garantiza un equilibrio en la carga fiscal. Además, es crucial corregir los efectos distorsivos de la inflación mediante mecanismos de actualización integrales que aseguren una base imponible justa y receptora de la verdadera capacidad contributiva.

Otro desafío pendiente es la administración de los saldos a favor de los contribuyentes. El Estado no debería actuar impulsar colocar deuda pública a tasa cero con los contribuyentes. Las devoluciones deben ser rápidas y automáticas, con reducciones o exclusiones de regímenes de recaudación que contribuyan a la simplificación tributaria.

La ampliación de la base de contribuyentes es un eje central. La alta informalidad económica demanda estrategias que reduzcan los tributos y fomenten la formalización. De igual manera, es fundamental revisar las exenciones impositivas que, en muchos casos, responden a políticas obsoletas.

La modernización de la relación fisco-contribuyente es otro aspecto clave. Incorporar mecanismos tecnológicos y dispositivos que promuevan acuerdos compositivos y simplifiquen los trámites puede mejorar significativamente la eficiencia fiscal. Asimismo, una autonomía tributaria provincial y una competencia fiscal entre jurisdicciones pueden ser herramientas valiosas para un sistema más equitativo y eficiente.

Finalmente, reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales es una meta ambiciosa pero alcanzable si se considera que el 10% de los tributos existentes generan el 90% de la recaudación. Esto no solo simplificará el sistema, sino que permitiría enfocar los recursos administrativos en tributos de alto impacto, mejorando así la gestión fiscal general.

Este conjunto de reformas tiene el potencial de transformar el sistema tributario en un verdadero motor de desarrollo económico y social, equilibrando las necesidades del Estado con las capacidades y derechos de los contribuyentes.