En el marco del proyecto de ley impositiva de Santa Fe para 2025, la provincia se adhiere al Régimen Nacional de Regularización de Activos (blanqueo), implementando un impuesto especial del 2% sobre los activos regularizados. Este nuevo esquema brinda a los contribuyentes la oportunidad de blanquear bienes y capitales no declarados, mientras que les otorga cinco años de "tapón fiscal", es decir, un período durante el cual el fisco no revisará esos bienes regularizados. “Lo que se ofrece es la certeza de una amnistía tributaria por un costo del 2%”, explicó uno de los autores del proyecto.

Apenas la mitad de las provincias adhirieron al blanqueo. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que está en medio de una batalla por la coparticipación con Nación, aún no definió qué definición tomará.

A diferencia de otras provincias como Neuquén, que aplica un porcentaje más bajo de 0,5% en su propio esquema de blanqueo, Santa Fe introduce una tasa mayor pero ofrece el beneficio de aplicar ese 2% como crédito fiscal en ingresos brutos para aquellos que realicen proyectos productivos, viviendas o emprendimientos locales. Esta opción de aplicar el impuesto como crédito fiscal distingue a Santa Fe como una de las pocas jurisdicciones que combina el blanqueo con incentivos directos al desarrollo económico regional.

El sistema, sin embargo, establece exclusiones claras. Aquellos involucrados en actividades delictivas o que mantengan activos en jurisdicciones de alto riesgo según el Grupo de Acción Financiera (GAFI) no podrán acogerse al blanqueo. Además, quienes participen deben estar al día con sus obligaciones fiscales provinciales. Esta medida es vista como un balance entre la necesidad de aumentar la recaudación y la responsabilidad de mantener un sistema transparente y ético en el manejo de activos.

Por otra parte, Santa Fe también se adhiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que apunta a atraer proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares. Este régimen ofrece incentivos fiscales y estabilidad tributaria por un periodo de 30 años, además de una exención impositiva de 10 años gestionada a través del Ministerio de Producción.

“Santa Fe se compromete a no incrementar los impuestos a estas inversiones, lo cual brinda una seguridad jurídica esencial para atraer capitales a la provincia”, afirmó un funcionario involucrado en el diseño del régimen.

El objetivo de estas medidas es claro: estimular la inversión y la regularización de activos para dinamizar la economía provincial.