Este viernes se realizaron nuevos allanamientos en domicilios de Rosario, Avellaneda y Reconquista vinculados a la causa Vicentin que fueron pedidos por el fiscal Miguel Moreno, quien preside las investigaciones sobre el desempeño del directorio que estaba al frente al momento del default en 2019, el más grande en la historia del mercado de granos.
Los allanamientos, de los que participan la PDA y la PDI, en busca de nuevos documentos, siguen la pista de uno de los delitos por el que están imputados los ejecutivos de la aceitera y que es el de administración fraudulenta.
En efecto, además, de estar imputados por estafa -al recibir granos que sabían que no iban a pagar o tomar créditos que sabían que no iban a devolver falseando balances- también fueron señalados por administrar fraudulentamente el grupo en beneficio personal de algunos directores y accionistas y en perjuicio de la empresa.
Internas
La última novedad conocida sobre la causa en materia penal, más puntualmente en lo que hace a las investigaciones por administración fraudulenta, habían ocurrido en octubre. Ese mes, un grupo de accionistas de Vicentin se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para solicitar “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default” a finales de 2019.
El fiscal Moreno les tomó luego declaración para ver qué datos aportaban en relación con el delito de administración fraudulenta, y con esa nueva información es que pidió los allanamientos que se realizan este viernes.
Los imputados por diversos delitos (estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita, etc., que para Fiscalía explican que el default no fue producto de una situación comercial, sino parte de una estafa a gran escala, ya que falseaban balances para conseguir millonarios créditos y recibían granos a sabiendas de que no iban a poder pagarlos) son: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza.
El pedido de este grupo de accionistas de constituirse en querellantes marca un fuerte quiebre en el frente interno de la empresa, cuyos dueños (nucleadas en cuatro grandes ramas familiares) venían actuando en bloque. Pero ahora la novedad es que apareció un grupo que fue la Justicia a decir que se sienten defraudados por los directores, que son familiares.
La empresa quedó debiendo más de 1.500 millones de dólares (entre granos y créditos tomados, pero no pagados) en lo que se convirtió en el default más grande en la historia del mercado cerealero.
