La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admitió este martes el recurso de queja que presentaron acreedores de Vicentin a una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista.

Ahora, el máximo tribunal deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión: abre el proceso de salvataje o cramdown que había dispuesto el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, o homologa el acuerdo de pago que presentó Vicentin.

El dato más importante es que la decisión se tomó con el aval de la mayoría de los integrantes del máximo Tribunal y solo votó en disidencia la jueza María Angélica Gastaldi, cuya soledad en la opinión muestra el amplio consenso que tuvo la decisión. 

Se trata de un dato fundamental, porque los lobbistas de Vicentin siempre agitaron la versión de que en el alto tribunal, por el contrario, había un solo juez que los apoyaba. Que, por el contrario, solo la pronta a jubilarse Gastaldi se haya opuesto marca que, en la realidad, la relación de fuerza era al revés.

Es que en rigor, el lobby de Vicentin no se ajustaba a las posturas que venía tomando la Corte sobre el tema, ya que los cortesanos venían votando siempre en bloque haciendo duras observaciones a la propuesta de pago de Vicentin. Por ejemplo, cuando al devolverle el caso al juez Lorenzini -luego de analizarlo durante el avocamiento- tanto Rafael Gutierrez como Daniel Erbetta hicieron fuertes objeciones a la oferta.

Alivio en los acreedores

"Para los 73 miembros del Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, es esperanzador haber recibido la notificación de que, en el día de la fecha, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha decidido admitir el recurso de queja interpuesto por Commodities S.A. Esto permitirá analizar en profundidad lo que consideramos un. megaestafa perpetrada por Vicentin y sus directivos, un proceso que llev. más de cinco años causando profundo perjuicio y sufrimiento a los verdaderos damnificados del concurso", señalaron en un comunicado

"El máximo Tribunal señaló que la postulación resulta lo suficientemente fundada e importa la necesidad de realizar un tratamiento constitucional de la sentencia homologatoria y, consecuentemente de la propuesta concursal, pues se exponen situaciones que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad. Hoy, se ha dado un paso crucial para evitar la convalidación de este acto ilícito e impedir una quita ilegal de la deuda que solo favorecería el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos", agregaron.

Batalla judicial

La historia es la siguiente. El grupo agroexportador Vicentin está concurso de acreedores desde febrero de 2020 y acumula deudas impagas por más de 1.500 millones de dólares, en lo que es el default más grande en la historia del mercado de granos.

Y no solo se trata de una cuestión de crisis comercial, todo su directorio está en acusado por estafa, administración fraudulenta y presentación de balances falsos, ya que Fiscalía sostiene que la empresa ocultó su crisis para seguir consiguiendo granos y créditos que sabía que no iba a pagar.

"Cabe recordar que los ex directivos y accionistas de Vicentin están actualmente acusados por la comisión de delitos, con penas solicitadas por la Fiscalía que alcanzan hasta los 17 años de prisión. Confiamos en que esta situación no será ignorada y que la justicia actuará con el rigor necesario para desenmascarar a quienes han causado un daño irreparable, no solo a los acreedores, sino a la sociedad en su conjunto", recuerdan desde el fideicomiso de acreedores granarios.

El tema es que Vicentin presentó una oferta de pago que logró las mayorías en cápitas y capital, pero que igual fue rechazada (y luego observada en la Justicia) por los acreedores comerciales más importantes, como Commodities (del grupo Grassi), porque, entre otras observaciones, la tilda de perjudicial por el margen de quita que dispone, pero además advierten que el pago se basa en la venta de activos que la aceitera no puede disponer porque están embargados en el marco de las investigaciones por estafa que avanzan en la Justicia.

Ante esas irregularidades, el juez Lorenzini rechazó en septiembre de 2023 la propuesta tras considerar que ese plan distribuye “en forma desigual” el esfuerzo derivado de la reestructuración del pasivo concursal.

Pero si bien el acuerdo de acreedores que alcanzó Vicentin el año pasado no fue homologado en primera instancia, la aceitera apeló y logró que en segunda instancia la Cámara de Reconquista lo homologue.

Al conocerse la resolución hubo acreedores que presentaron el "recurso de inconstitucionalidad" que la propia Cámara rechazó y por eso recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Santa Fe.

La queja del Bapro fue la primera que habilita el máximo tribunal. Luego siguió el Banco Nación y este martes se suma a la presentada por el acreedor comercial Commodities, que es el segundo en importancia de los acopios afectados por el default de la cerealera.

La postura de la Corte

La decisión judicial de los cortesanos, que se conoció esta tarde, es un duro llamado de atención para la aceitera defaulteada porque muestra que no se rechazaron las quejas al fallo de Cámara y porque la jurisprudencia muestra que cuando se habilita ese queja en el 80 por ciento de los casos se termina fallando en favor de la reclamante.

"La Corte, al hacer lugar a la queja, ha frenado la entrega a manos indebidas de una de las pocas empresas con una actividad estratégica. Revisará un fallo vergonzoso de la Cámara de Apelaciones de Reconquista y permitirá rescatar de una sarta de malandras lo que queda de Vicentin. La Corte de Santa Fe evitó que se consolide la estafa a los acreedores", dijo el abogado Gustavo Feldman, representante de acreedores.

Para los acreedores también es importante la resolución de la Corte porque les genera esperanza de poder evitar el desguace y mantener en propiedad de empresarios santafesinos a una empresa que supo ser líder de la agroexportación.

Ahora, la Corte tiene ahora la palabra en lo que se convirtió en la caída más importante en la historia del mercado de granos por unos 1.500 millones de dólares.