Arranquemos con un tema que presentamos en el “run run” de la semana pasada cuando dimos cuenta del debate que se armó en el club GER por la inclusión de su complejo de Pueblo Esther como una área deportiva de Distrito 0, la futura urbanización de 130 hectáreas entre General Lagos y Pueblo Esther que presentó Life Desarrollos y que comprende la construcción de barrios abiertos, cerrados y condominios junto con áreas de servicios, comerciales y de esparcimiento.
En el marco de una reciente elección en GER, de las pocas en la historia del club, definida por pocos votos y en la que perdió el oficialismo, la inscripción de nuevos socios es un tema muy delicado en el club. Al conocerse la publicidad de Life, la oposición aseguró que los socios no fueron informados sobre las obligaciones, compromisos y beneficios que tiene el club en el convenio firmando.
Po eso esta semana, referentes de conducción del club recibieron a Rosario3 para rechazar de plano todas las sospechas y señalamientos. Con los documentos en la mano, detallaron los términos del convenio firmado con Life y arrancaron explicando que las conversaciones para llevar un acuerdo llevaron varios meses.
Según la documentación mostrada, se trata de un acuerdo comercial de la marca como sponsor del club como muchos otros y aparte se firmó un contrato de locación por un día para la realización del evento.
En el acuerdo marco no se toman compromisos sobre la cantidad eventos a realizar ni de los montos a percibir. Además, se establece que ante cada evento las partes deben firmar un contrato particular con los términos específicos.
Según explicaron, a GER le conviene porque las instalaciones de Pueblo Esther están sub-utilizadas y con el alquiler pueden sumar fondos para la entidad justo en un momento difícil para la economía del país.
En la oposición, lo que objetan de la forma de pago es que no queda claro qué tipo de dólar se acordó, sobre todo en la financiación de las tres cuotas finales quedando abierto a cobrar cifras muy distintas, según el tipo de cambio que se defina.
Pero desde la conducción del club aclaran que "el cobro será en base a la cotización que le convenga al club; siempre en pesos porque el cobro es en pesos, y por eso es que no se especificó en el contrato entendiendo la volatilidad que tiene la moneda en el país."
En el club están al tanto que a Life le interesa, cuando la urbanización se vaya consolidando, que los futuros pobladores de Distrito Cero puedan utilizar las instalaciones en Pueblo Esther convirtiéndose en el cub referente de la zona. La moneda de cambio sería inversión del desarrollador en obras de infraestructura para GER.
No obstante, los directivos del club aclaran que LIFE no hizo todavía propuesta específica sobre el tema, y resaltan que cualquier pedido de ese tipo (como sería habilitar una nueva categoría de socio exclusivo para Pueblo Esther) no solo no está ahora en estudio, sino que, en caso de que la comisión lo crea conveniente, debería ser aprobado primero por los socios que deben dar su consenso a que la dirección firme cualquier compromiso de esa naturaleza.
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Vuelta de página. Mientras que el caso del financista prófugo Roberto Daniel Mondaini sigue sorprendiendo habida cuenta de la magnitud de fondos minoristas que por décadas manejaba totalmente en negro y por fuera del radar, y otros casos más complejos empezaban a asomar en el mundo mutualista, irrumpió ahora un nuevo suceso con alto impacto en sectores muy acomodados de la ciudad.
Según una denuncia penal que ya está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el protagonista es un operador de negocios inmobiliarios, quien en el último tiempo empezó a frecuentar lugares (clubes y escuelas) concurridos por familias de muy alto poder adquisitivo estableciendo relaciones de confianza. Y la sede en Fisherton el colegio inglés fue su teatro de operaciones.
Resulta que, ostentando un muy buen nivel de vida material, empezó a proponer a su entorno de conocidos ingresar a inversiones inmobiliarias que mostraba altamente rentables, logrando atraer un buen número de clientes. También adquirió vehículos de alta gama, pagando un anticipo en efectivo con la promesa de acercar el resto a los pocos días.
Según la denuncia, los clientes lo conseguía aprovechando los lazos de confianza que se generan, por ejemplo, entre padres y madres de chicos que comparten el mismo colegio y club, y en ese entorno de cercanía, afinidad y cotidianeidad es que generaba confianza.
El tema es que los boletos de los inmuebles que iba a comprar con el dinero nunca aparecieron (como tampoco el dinero) y además pasaron las semanas y no completaba el pago de otros bienes que había adquirio (como vehículos, que -para peor- incluso ya vendió en el circuito informal porque el vendedor original no había hecho la transferencia).
Como la situación se fue calentando, el operador inmobiliario dejó de frecuentar los lugares que solía y de atender el teléfono. Fue así que uno de los damnificados lo denunció en el MPA, y al conocerse que el tema se judicializó apareció un reconocido abogado a representarlo y el señalado volvió a atender el teléfono prometiendo buscar la forma de pagar sus deudas, pero todavía sin ofrecer nada concreto.
No es dato menor que el operador inmobiliario, no está matriculado en el Colegio de Corredores, un buen dato siempre a chequear.
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Ya que nos metímos por lugares oscuros, ¿qué novedades hay en el caso del financista Luis Herrera? La última noticia es que le renunció su abogado penalista Lisandro Martínez Gorostiaga. Es el segundo abogado penalista que le renuncia al otrora crack del mercado. Antes, se le fue el abogado Jorge Ilharrescondo alegando motivos personales.
¿Por qué se le van los abogados penalistas? Hay dos versiones. Una estrictamente profesional y sería que los abogados que le llevan la cuestión civil siempre le están metiendo mano a la estrategia penal, y por eso -cansados- le terminan renunciando. Y la otra versión es simplemente económica: Herrera no le paga ni a sus abogados
Y esa versión adquiere asidero cuando, según confirmó Rosario3, el financista Herrera se presentó a la Justicia para pedir un abogado defensor oficial. Por ley, el Estado se lo tendría que pagar. Pero…….
Pero atención que no tener un abogado que lo defienda, le permitió zafar -al menos por un tiempo- de una nueva imputación. ¿De qué se trata? Pasemos al otro capítulo.
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Resulta que esta semana, la Unidad de Delitos Económicos Complejos imputó al síndico de la agencia de Bolsa Fernández Soljan, Marcelo Cosidoy, por haber firmados balances falsos. ¿Cuál es la maniobra que se le imputa? Dicho simple: sacaba sin autorización los fondos (en blanco) de los clientes de la sociedad de Bolsa para fondear sus negocios financieros personales (que operaba en negro).
Por ejemplo, en el balance 2021, la sociedad registra financiaciones de saldos deudores de comitentes por $ 105.188.838 y U$D 337.869; y esos saldos son una deuda de los comitentes (clientes) para con el Alyc (sociedad de Bolsa). Pero del análisis del balance que hizo la Comisión Nacional de Valores (CNV) surgió que ese crédito de la empresa no se encuentra registrado en el Activo del Estado de Situación Patrimonial y tampoco se observa que dichos valores hayan sido integrados.
“La omisión de registrar el crédito de los comitentes en el Activo del Alyc supone no evidenciar un mejor resultado económico para la sociedad en el balance intermedio. Es importante destacar que la omisión en la registración del crédito por financiación a comitentes resulta significativa dado que el monto ocultado representa más de la mitad del Patrimonio Neto de Fernández Soljan”, dice la imputación.
“Pero la omisión en realidad esconde una situación de confusión patrimonial de la mencionada sociedad con su socio y presidente del directorio Luis Alberto Herrera. Tal como fuera determinado por la Comisión Nacional de Valores los saldos deudores de comitentes esconden una financiación al Sr. Luis A. Herrera. En efecto, y como surge de la investigación realizada por la CNV, de los $ 129 millones de saldos deudores de comitentes efectivos al 16/09/2021 que surgen de la contabilidad del Alyc $ 126.419.110,58 fueron destinados a financiar al Presidente del Directorio y accionista mayoritario de Fernández Soljan S.A., Luis A. Herrera. Esta información corrobora que el financiamiento del Alyc estuvo dirigido casi exclusivamente a Herrera”, dice el texto de la imputación al que tuvo acceso Rosario3.
Esta situación de “confusión patrimonial”, entre Fernández Soljan S.A y su accionista y Presidente Luis A. Herrera, fue ocultada a los clientes de la sociedad, en numerosos casos víctimas del delito de administración fraudulenta que fuera imputado a Herrera y su familia, y que ahora la Fiscalía hace también responsable al síndico Marcelo Cozodoy, “quien al confeccionar el informe de la sindicatura omitió la no inclusión dentro del activo del crédito o financiación a comitentes que expresó en su informe, como así también omitir que el destinatario casi exclusivo de dicha financiación por parte del Alyc era Luis A. Herrera”.
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Sigamos por Vicentin, un abonado a esta columna. Y es que la novedad que publicamos en exclusiva en Rosario3 el viernes por la tarde es de alto impacto: un grupo de accionistas se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para solicitar “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default” a finales de 2019.
El tema es que ahora la empresa deberá transitar la apelación en Cámara a la decisión del juez Lorenzini de decretar el cram down con un frente interno en la que existen opositores, que además se manifestarán a favor de que el proceso de salvataje avance, porque entienden que ninguna solución cierta puede existir de parte de aquellos que defraudaron a propios y ajenos,
Pero ahora vamos a aportar otra novedad. Resulta que hay acreedores que evalúan presentar una denuncia contra la camarista María Eugenia Chiapero, por entender que, aun cuando formalmente se excusó de intervenir en la causa, existirían evidencias de que estaría intentando influir sobre sus colegas de sala (¿con Santiago Dalla Fontana?) en favor de la aprobación de la propuesta rechazada por Lorenzini, y que su intervención no se basaría solo en una cuestión de amistad con alguno de los miembros de la empresa, sino que su interés radicaría en que su esposo Julio Godoy sería socio de algunos de ellos y de sus familiares en distintos negocios, como por ejemplo en la sociedad Los Amores de Vista Flores SA.
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Y hay más de Vicentin. El sindicato de Aceiteros de General Obligado intimó por carta documento a Belen Gianeschi a que se retracte por decir en la prensa que “el sindicato es mojado por alguien políticamente más arriba” en el marco de una marcha convocada contra el juez Lorenzini por rechazar la propuesta de pago de la empresa y decretar el cram down. Ocurre que Gianeschi no es una simple empleada, sino que miembro de la familia dueña, como tantos otros que ocupan cargos en la administración de la aceitera y que -con menor efectividad en el pasado- envalentonan al personal para que marche en defensa de directorio de la compañía.
“Dicen que el gremio no se pronunció, pero sí se pronunció. El sindicato observó críticamente la propuesta de pago porque no contempla futuro para el nodo norte”, cuenta el abogado del sindicato, Sebastián Spiller. “La propuesta de pago deja librada a su suerte las instalaciones del norte. Por eso no queríamos la homologación, que para el nodo norte solo hablaba de tomarse 150 días para ver qué hacer”, insiste el abogado.
Precisamente, que las marchas en favor de la oferta de Vicentin se realicen Avellaneda, lugar en el que los trabajadores se llevarían la peor parte, no se explica sin la motivación de accionistas y familiares del directorio.
“Una de las razones de Lorenzini para no homologar fue que, como señala en su escrito, que no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda. Por eso estamos satisfechos de que el juez señalara que la propuesta debe contemplar todos los activos porque es una sola empresa. Y de esa forma sí estamos defendiendo a todos los trabajadores”, concluyó Spiller.
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Finalmente, vamos con una investigación realizada esta semana por el programa El Contestador, todos los mediodías por Radio 2, sobre maniobras de empresas de cartelería para aprovechar los grises de la reglamentación y colocar vistosos y costosos avisos en lugares estratégicos.
Veamos: la ordenanza municipal 8324 del 2008 regula la publicidad en la ciudad. Establece zonas, cada una con distintas limitaciones en cuanto a tipología de carteles que se pueden instalar.
La zona 5 comprende calles, avenidas, pasajes, y bulevares perimetrales, las plazas y balnearios públicos creados o por crearse y el sistema de calles y avenidas de la costa comprendida desde el Saladillo hasta el límite norte del municipio y que presenten un frente a un espacio público.
En esta zona es donde hay más restricciones y prohíbe casi todo, y desde ya los carteles publicitarios de gran tamaño. Solo sillas, sombrillas y algún cartel en algún comercio, hasta ahí nomas.
Pero resulta que en la avenida de la Costa, entre las torres Maui hasta Oroño hay 8 carteles gigantes, todos colocados por la empresa Triveca y en abierta infracción. En concreto, están dentro del un predio del Estado nacional concesionado a la empresa de ferrocarriles NCA. Ahora: si el Municipio bajo ningún concepto podría habilitarlo, ¿por qué están?
Según la investigación de El Contestador, el programa que conduce Pablo Motto, que aprovechar los grises y huecos en la legislación, y con un profundo conocimiento de cómo se manejan los resortes de la burocracia municipal.
En concreto, la maniobra fue así. Triveca metió una solicitud de habilitación de estos carteles gigantes, a sabiendas de que no se podía. Según los registros, pidieron 4 carteles, pero levantaron 8. "Ya arrancaron doblemente mal. Ahí ya la Municipalidad les tendría que haber rechazado el pedido de una", reflexiona el conductor de El Contestador.
El tema es que el expediente va a parar a la Dirección General de Habilitaciones, que depende de la Secretaría de Gobierno. Habilitaciones casualmente deriva este trámite a loa Secretaría de Planeamiento. ¿Por qué? Porque aducen que en este caso particular los carteles están en un predio que entra en lo que se categoriza como Zona 6, que son espacios especiales destinados a proyectos específicos de interés urbanístico.
En el caso de Oroño y avenida de la costa están en un terreno que en un futuro será destinado a un desarrollo con viviendas, zonas verdes, etc. Eso a futuro, ahora no hay nada. Lo que sí hay es que es frentista de la avenida de la costa, con lo cual cae en zona 5, la más restrictiva con los permisos.
Cuando el expediente va a Planeamiento, en esa oficina responden: “Sí, son zona 6, es un área nuestra, que somos los que armamos los desarrollos y tenemos la facultad de decir si se pueden poner o no”.
En teoría, la ordenanza dice que en la zona 6 la situación se regulará con una normativa específica, que todavía no se hizo ni aprobó. Además, la ordenanza dice que si una zona queda inserta en otra, como pasaría acá, rige la legislación más restrictiva, esto es: la 5.
Planeamiento lo devuelve a Habilitaciones respondiendo que la solicitud de Oroño podría ser viable siempre y cuando cumpla con todo lo estipulado por la ordenanza 8324. Y vuelta todo el círculo y llegamos al mismo lugar, pero en el medio la empresa consiguió que Habilitaciones le diera una factibilidad por 180 días (que es un permiso provisorio para que pongas los carteles, no para que los explote, porque primero lo tienen que inspeccionar).
Bueno, la empresa se pasó de largo con esa prohibición y arrancó a vender el espacio. Y cuando van los funcionarios de la Dirección de Inspección, que depende de la Secretaría de Control, a Triveca, la empresa les muestra la resolución de Habilitaciones con la factibilidad por 180 días. Y ahí están, contaminando visualmente uno de los lugares más lindos de la costa central. ¿Y esa misma metodología la repiten en varios puntos? Habrá próximos capítulos prometen en El Contestador.
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Basta por hoy, de problemas. Y si bien la economía cruje por todos lados y la tensión se extiende por las empresas, en esta columna también nos interesa resaltar las iniciativas de empresas e instituciones que, contra todo, siguen tirando para arriba.
Y pese a que esta fue una semana particularmente muy difícil -por la corrida cambiaria y la distorsión de precios- igual hay muchos casos para contar. Arranquemos por las instituciones:
Con el objetivo de facilitarle un mercado de exportación a las pymes, una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) integrada por el presidente, Alfredo González, el secretario general, Ricardo Diab, y el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, mantuvo reuniones en la ciudad de Curitiba, Brasil, para que las pequeñas y medianas empresas argentinas puedan contar con un showroom permanente donde dispongan sus productos de manera directa en suelo brasileño.
Además, las autoridades de CAME visitaron la sede del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (SEBRAE PR) para apoyar la internacionalización de las pymes argentinas y para planificar una jornada conjunta de trabajo para transferencia de conocimiento y tecnología en marzo del año que viene. A su vez, definieron que compartirán espacio en la Expo Apras ’24, la Feria y Convención de Supermercados del estado de Paraná, Brasil.
Por último, la entidad también está proyectando un centro de distribución en Curitiba con la empresa brasileña Transfrios, especializada en el transporte de todo tipo productos y de congelados. De esa manera, las pymes exportadoras podrán contar con un depósito de mercadería argentina, que se venda en reales y se distribuya en todo Brasil. Cabe destacar que en Argentina hay unas 8000 pequeñas y medianas empresas con capacidad de exportación.
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Sigamos, ahora por el lado empresario.
1) El próximo domingo 19 abre las puertas del nuevo paseo gastronómico en pleno centro rosarino. Se trata de Mercado Zarpado, en San Luis 1038. Contará más de 15 diversas propuestas entre comida rápida, alimentación saludable y productos panificados.
2) La desarrolladora de software Syloper anunció su desembarco en la Zona i, el complejo de empresas tecnológicas ubicado en el sur de la ciudad. La mudanza viene con ampliación porque sumaron m2 (ahora usarán un módulo de 102 m2 en dos plantas) porque piensa seguir sumando personal
3)
La tecnológica Tecso cumplió esta semana 20, en pleno crecimiento institucional y de negociso de la organización con formato de cooperativa. "celebramos ¡20 años de éxitos, colaboración e innovación cooperativa! Agradecemos a todos nuestros asociados, clientes e instituciones por su confianza y apoyo. Juntos, seguiremos trabajando para construir un futuro más digital e innovado", resaltaron.
4)
El grupo Centro inauguró su nuevo edificio que se suma más de 2.500 m2 a las instalaciones del Sanatorio Centro. Tras 6 años de trabajo y una inversión de 10 millones de dólares, el grupo de salud privada suma un moderno edificio de 10 pisos servicios de calidad a su oferta en calle Balcarce 421, como consultorios, laboratorios, diagnóstico por imagen, etc.
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Otra buena. Los 32 finalistas de NAVES presentaron sus proyectos en el Campus del IAE frente al prestigioso jurado de EmprendeIAE y de Banco Macro y finalmente, este jueves 5 de octubre se realizó el anuncio de los ganadores. Entre los galardonados se distinguió a Numed, un proyecto santafesino con base en Sunchales.
Se trata de una pyme, pionera en Argentina en desarrollar un alimento para personas con Epoc. Vienen de la industria láctea y decidieron crear su propia línea para fines médicos. La iniciativa fue dada a conocer por Ecos365 este año cuando ganaron la instancia federal de la competencia.
NAVES es un programa que apoya a emprendedores y PyMEs de todo el país para que puedan desarrollar sus proyectos y fomentar el crecimiento de las economías regionales.
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Y para terminar con más onda porque, como sostenemos en esta columna, la ciudad es mucho más que la crónica policial, la semana que viene se realizará en Rosario Fashion Week. Se trata del encuentro de moda más importante del país se realizará el 10, 11 y 12 de octubre con una serie de desfiles de alta moda y la participación de diseñadores de prestigio nacional.
Los más importantes diseñadores argentinos participarán de los desfiles que se llevarán adelante en La Favorita y el Fisherton Plaza Chic Mall, el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 organizados por HVR Producciones, bajo la dirección de Héctor Vidal Rivas y equipo en una coproducción con inversiones locales.
Marcas y diseñadores se reunirán para mostrar sus mejores colecciones en tres jornadas. No solo será un evento de moda, sino también una plataforma para el talento emergente. En esta primera edición se busca poner a Rosario en el mapa de la moda nacional, y convertir a la ciudad en un faro del diseño y la innovación. La empresaria de moda rosarina Carolina Jofré Christener está a cargo de la producción local del evento,
