Pese a las imputaciones por estafa, Vicentín se planta y descarta negociar un juicio abreviado

“Bajo ningún punto de vista”. Así de tajante fue la definición del abogado que encabeza la defensa penal de Vicentín, Jorge Ihlarrescondo, cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que los ex directivos de la agroexportadora, que esta semana fueron imputados por estafa, acepten sentarse a negociar alguna salida con los querellantes, como podría ser un juicio abreviado.

El letrado habló este viernes en Radiópolis, por Radio2, un día después de la histórica audiencia que obligó a recorrer el Centro de Justica Penal a los 14 ejecutivos que comandaban Vicentín cuando anunció el default más grande en la historia del mercado de granos con una deuda de 1.400 millones de dólares y más de 1.600 acreedores. Apellidos históricos de la empresa (Vicentín, Buyatti, etc) quedaron imputados por estafa pero sin prisión preventiva, como pidió el fiscal Miguel Moreno pero rechazó el juez Román Lanzon.

“No está de ninguna manera en el norte de la defensa plantear o aceptar acuerdo alguno que implique el reconocimiento de la responsabilidad penal”, dijo Ihlarrescondo. Ocurre que en el marco de la larga audiencia imputativa, el también abogado defensor de Vicentín, Daniel Cuenca, habló del "principio de oportunidad" y sugirió que había responsabilidad penal, lo que activó el interrogante sobre si los ex directores están buscando un acuerdo en el marco de la causa penal en curso.

“Lo que el doctor Cuenca dijo fue que en el marco de la imputación, la apariencia de responsabilidad penal tenía fundamento, más allá de que nosotros la cuestionemos. Pero debe quedar en claro que no aceptamos la apariencia de responsabilidad. Nosotros rechazamos la imputación y no aceptamos el reconocimiento de la culpabilidad”, contó Iharrescondo.

“El código penal admite salidas a favor de las víctimas consistentes en la recomposición del perjurio. Y la compañía va a ofrecer un plan de reparación económica en el marco del concurso, y en eso se está trabajando. Pero el intento de recomposición será en el marco del concurso, que tienen incidencia directa en el tema penal porque el sistema lo habilita. Pero nunca será a partir de un juicio abreviado o de una probation o cualquier alternativa que implique reconocer la responsabilidad penal”, resaltó el abogado en Radio2.

A fondo

“Nuestros clientes son inocentes”, insistió Ihlarrescondo y la defensa se mostró confiada de salir a hacer frente al juicio penal. Claro está que los tiempos de la causa penal son muy largos: el concurso de acreedores entra ahora en zona de definiciones ya que la empresa tiene la exclusividad hasta mediados de diciembre para su propuesta de pago (quita del 70% a pagar en 15 años), mientas que el llamado a juicio puede demorar años. Para muestra basta lo que ocurre con la mega estafa inmobiliaria, que ocurrió en 2016 y recién el juicio será en 2022. Mucha agua puede correr bajo el puente, entonces, para que la causa por estafa llegue a instancias definitorias. Y tiempo para el jucio abreviado tienen.

Es por eso que, más allá del alivio propio de saber que nadie quedará preso de manera preventiva, ayer los ex ejecutivos de Vicentín (y su defensa) sabían que el escenario que se abría tras la audiencia tenía muchos puntos favorables.

Es que si hubiesen quedado detenido los cuatro ejecutivos (uno de ellos, ni más ni menos que su actual presidente, Omar Scarel) el escenario era muy distinto ya que hubiese habido elementos que puedan afecten la visión del juez del concurso Fabián Lorenzini, de la propia sindicatura y, sobre todo, a los propios interesados en comprar la empresa (ACA, Molinos Agro y Glencore a través de Viterra) que se hubiesen alejado hasta que aclare.

Pero el rechazo al pedido de prisión preventiva le dio aire a la empresa. Es más, ayer entre los querellantes primaba la lectura que al no haber nadie detenido, se mantiene la estrategia de prolongar en todo lo que se pueda ambos frentes (comercial y penal) que le atribuyen desde el momento cero.

Así y todo, el Banco Nación -que es el principal acreedor individual- parece dispuesto a seguir jugando sus fichas, al menos públicamente, para que no avancen el proceso de venta. Este viernes publicó un comunicado en el que el presidente de la entidad, Eduardo Hecker, sostiene que la resolución “confirma que hubo un fraude millonario organizado por funcionarios macristas que perjudicó a centenares de empresas, pequeñas cooperativas, trabajadores y a los ahorristas de los bancos". 

Además, Hecker cuestionó el supuesto acuerdo para resolver el concurso de acreedores a cargo de los grupos Molinos, Viterra (Glencore) y ACA. “Pensar eso no tiene ningún sentido. Acá, los mismos que consumaron un fraude y se quedaron con una enorme cantidad de dinero, están viendo como siguen adelante en este proceso. No lo vamos a aceptar”, enfatizó.

“Nosotros creemos que una salida hacia adelante implicaría la necesidad de un acuerdo más amplio y que contemple las verdaderas necesidades de los acreedores granarios, los trabajadores y el patrimonio de los bancos, pero sin la presencia de los que consumaron el fraude”, aclaró.

"No hay estafa"

“La figura de la estafa no puede asimilársela a la de un incumplimiento contractual. Está a la vista de que la empresa no honró sus contratos. Está a la vista y por eso se terminó concursando, luego de intentar un APE que no se pudo sostener porque BLD le pidió la quiebra. Pero acá no hubo un plan para no cumplir con los pagos. ¿De qué plan me hablan si días antes del default se pagaron miles de dólares a proveedores?”, dijo Ihlarrescondo, quien recordó que “en Argentina no hay prisión por deudas”.

Sobre la acusación de los bancos extranjeros (a los que les quedaron debiendo 500 millones de dólares) de que la empresa les mintió en los informes trimestrales ocultando pasivos para poder seguir recibiendo créditos, el abogado defensor sostuvo dos argumentos.

Por un lado, insistió que lo que ocurre es que hay criterios distintos de registración contable, sobre todo al contabilizar las compras de granos a fijar (que son los granos que los productores primero entregan y cobran tiempo después). “Y, puntualmente, sobre los bancos, ¿alguien puede cree que estas entidades internacionales de primera línea fueron engañadas? Acá hubo un hecho macroeconómico que hizo imposible que Vicentín cumpla con sus compromisos”, resaltó con contundencia.

Evidencias contundentes

No obstante, pasando el peine fino al resultado de la audiencia, además de las imputaciones, los investigadores y la querella también lograron varios puntos a favor.

Por ejemplo, las declaraciones del juez Lanzón quien sostuvo que si bien las evidencias de la fiscalía no acreditaban la urgencia de una prisión preventiva, eran "pruebas contundentes" de cara al debate de fondo (si hubo o no estafa en la caída de Vicentín).

Es más, el magistrado tomó posición cuando en el fragor del debate la defensa cuestionó a la fiscalía por aventar que pedirán 50 años de prisión argumentando que no hay registros de penas económicas superiores a los 25 años. “Estamos hablando de un delito sumamente grave que causó un grave daño económico y social y no luce irrazonable la pena de cumplimiento efectivo de 50 años”, se despachó. Es cierto que no será Lanzon quien termine dirimiendo el tema de fondo, pero dejó asentada que es mucha y muy certera la “evidencia contundente”, por lo que la defensa deberá sudar la gota gorda para desacreditar la acusación.

Y la posición del juez pareció compartida por la querella. En ese marco, que se haya fijado, además, el seguro de caución más alto de la historia (por 10 millones de dólares) también apareció como indicio de que la Fiscalía tiene elementos recorrer el camino de poder probar que la caída de Vicentín no fue sólo por un estrés financiero.