El juez Roman Lanzón rechazó este jueves el pedido del fiscal Miguel Moreno de dictar la prisión preventiva de los ejecutivos de Vicentín Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze que estaban al mando en 2019 cuando la empresa defaultéo. También rechazó el pedido de uso de tobillera electrónica para el presidente de la firma en el momento de la cesación de pagos, Daniel Buyatti.
No obstante, le pidió a los hermanos Gazze, Macua, Scarel, Vallaza y Buyatti que fijen un seguro de caución de 10 millones de dólares, un 100% más alto, del que habian ofrecido. Ademas, definió que los 14 ex ejecutivos imputados por estafa no pueden salir del país. El magistrado también bajó la imputación por presentación de balances falsos, quedando la causa centrada en el posible delito de estafa.
Para el juez, la fiscalía no pudo probar que hubieran razones concretas que acrediten que la libertad de los imputados pone en riesgo el proceso. Y citó que la gran mayoría de las maniobras que la fiscalía presentó como atentantorias contra el proceso ocurrieron hace más de un año. En cambio, ahora las pruebas -sostuvo- están a resguardo.
No obstante, el magistrado dejó asentada su impresión de que las pruebas presentados, si bien no acreditaban la urgencia de una prisión preventiva, eran "pruebas contundentes" de cara al debate de fondo (si hubo o no estafa en la caída de Vicentín).
Es más, el magistrado tomó posición cuando en el fragor del debate la defensa cuestionó a la fiscalía por aventar que pedirán 50 años de prisión argumentando que no hay registros de penas económicas superiores a los 25 años. “Estamos hablando de un delito sumamente grave que causó un grave daño económico y social y no luce irrazonable la pena de cumplimiento efectivo de 50 años”, se despachó. Es cierto que no será Lanzon quien termine dirimiendo el tema de fondo, pero dejó asentada es mucha y muy certera y que la defensa deberá sudar la gota gorda para descareditar la acusación. Y este punto es, tal vez, la principal victoria que se llevó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Si bien la caución es por 10 millones de dólares, lo que los empresarios tendrán que pagar es la póliza, una cifra que luce . No obstante, se trata de la caución más alta de la que haya registro.
Golpe a Golpe
Este jueves se retomó la audiencia imputativa, que arrancó el martes, en el Centro de Justicia Penal cuando Moreno imputó a los 14 ejecutivos por estafa, administración fraudulenta y confección de balances falsos. La audiencia se retomó temprano con la exposición de la defensa de los ejecutivos a cargo del abogado Jorge Ilharrescondo.
En líneas generales, el abogado -que habló casis una hora- pidió la prescripción de la acusación de presentación de balances falsos en 2017 y 2018 y de los informes trimestrales a los bancos. “Ya transcurrió el plazo de persecución”, señaló.
También objetó que la imputación del fiscal por estafa no individualiza responsabilidades. "¿Dónde intervino cada uno en la construcción del supuesto ardid?", preguntó.
"Esta imputación, con este rosario de defectos, nunca puede servir de basamento para un pedido de prisión preventiva", concluyó su presentación.
No obstante, a su turno, el fiscal sostuvo que los balances sólo fueron un instrumento para concretar una estafa que no prescribió.
"Vicentin decidió estafar para recomponer su situación económica", sostuvo y repitió el argumento que presentó el martes al imputar a todo el directorio: "La empresa venía a pique y decidió sanear su catástrofe empresarial haciéndosela pagar a bancos y productores".
Y para reforzar la idea de que hubo un ardid (simular una situación de solvencia que no tenían) mostró un video institucional de noviembre de 2019, cuando según los propios números de la empresa la situación era terminal, en la que se muestran como un grupo sólido y diversificado invitando a los productores a enviar sus granos
El fiscal Moreno volvió a repetir que calcula la estafa "en torno a los 600 millones de dólares" y sostuvo que la pena correspondiente para el directorio sería de 50 años.
Preventivas
Terminado el cruce por las imputaciones, el fiscal pidió las prisiones preventivas y empezó a argumentar su pedido con nuevas pruebas: mails y escuchas telefónicas post concursales.
El ejecutivo que aparece más complicado es Omar Scarel, que en 2019 era el síndico, ya que el fiscal presentó numerosas escuchas telefónicas post concursales en la que conversa con distintos interlocutores cómo acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.
Por ejemplo, en una escucha Scarel habla con un abogado para ver cómo podía justificar el origen de unos 200 mil dólares que había en una caja fuerte de su hijo que fue allanada. Finamente, ese dinero -señaló el fiscal- fue atribuído a Carlos Vaudagna, ex titular de la Afip en Rosario.
Sobre ese tema, Viviana Cosetino, abogada querellante por la firma CommoditieSA (del grupo Grassi y que perdió unos 56 millones de dólares por el impago de Vicentín) destacó que "si Vicentín recurrió a un director regional de la Afip para que les justifique la escasa suma de u$s 200 mil que Scarel no podían justificar, no imaginemos las otras cosas que pudieron hacer y pueden hacer para perjudicar el avance de la causa". Y por eso respaldó el pedido del fiscal de que los directivos queden en prisión preventiva.
En otra escucha, el fiscal leyó una conversación con un joven abogado, que no tenía ni sello ni firma digital, para que firme un recurso de Vicentin Paraguay "que no pueden firmar los abogados de Vicentin. Incluso, hasta apareció Gustavo Shanahan, el financista detenido por lavar para narcos. Escuchas muestran cómo Scarell negoció cómo encuadrar el monto de la compra de las acciones de Terminal Puerto Rosario (TPR) porque faltaba documentación y números no cerraban. "Se hicieron muchas cagadas", dijo
El tema es que Scarel es en la actualidad el presidente del directorio de Vicentín, y que quede tras las rejas afectaría todo el proceso concursal y también de negociación para la venta de la empresa.
El fiscal también presentó una escucha en la que participa Macua y una cadena de mails, en la que se suman los hermanos Gazze para justificar el movimiento de los fondos de la venta de Renvoa que fueron llevados al extranjero. El núcleo del argumento para pedir la preventiva fue que hubo “entorpercimiento probatorio”.
El fiscal Moreno resaltó tambien que pidió la prisión preventiva porque los ejecutivos no estuvieron siempre disponibles porque se “ajustaron a derecho” sino porque “era necesario que estén para poder ocultar las cosas”. También dijo que “hay peligro de fuga porque tienen los recursos” y recordaron que algunos, como Buyatti, manifestó domicilios de referencia falsos.
La querella
Luego de las exposiciones del fiscal y la defensa, llegó el turno de la querella. Allí Alejandro Carrió, abogado de los bancos extranjeros a los que Vicentín les dejó sin pagar 500 millones de dólares, apoyó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y denunció que los créditos que sus clientes otorgaban tenían un fin específico que era financiar la compra de granos, pero -citando cadenas de mails entre los directivos recolectadas en los allanamientos- “los usaron para satisfacer otras necesidades corporativas”.
En particular citó una cadena de mails entre el síndico suplente Vallaza y los directivos Roberto Gazze y Sergio Nardelli en que recomienda “usar alguna línea de prefi para pagar los 2.1 millones de dólares que vencen”, y en la que admite que “estoy teniendo alguna dificultad para cumplir con los ratios que se deben cumplir para fin de enero con IMFC, pero que algo vamos a tratar de dibujar”.
El pool de bancos acreedores como Commoditie SA (de grupo Grassi) y el Banco Macro, todos querellantes, respaldaron el pedido de prisión preventiva que presentó el fiscal.
Enérgica defensa
Luego de la querella fue el turno de la defensa para referirse a los pedidos de prisión preventiva. El abogado de la defensa Daniel Cuenca, no discutió el pedido de que los ejecutivos no salgan del país. Y sobre el pedido de prisión preventiva y la tobillera, dijo que se “está buscando un anticipo de pena”. Según dijo, "la restricción de la libertad un recurso excepcional" y negó que "haya un marco de peligrosidad concursal o que se perturbe el proceso" penal en marcha. También negó que haya evidencia para tomar la decisión.
Con un tono de voz cada vez más elevado, y golpeando varias veces la mesa con el puño, el abogado también negó que haya peligro de que se demore el proceso si los directivos no están en prisión preventiva. También señaló que todos los documentos están a resguardo y que los ejecutivos no tienen acceso para adulterar las pruebas. En esa linea, el abogado defensor minimizó los hallazgos documentales de la Fiscalía. "Hay 36 millones de documentos presentados, y nos objetan un par de cadenas de mails", resaltó.
Y en ese marco, Cuenca empezó a preparar el escenario para el armado de un juico abreviado. "Me gustaría conocer jurisprudencia de un fallo por estafa de 50 años", arengó ante el pedido del fiscal de que esa seria la pena final que debería tener el directorio. "Incluso, me gustaría conocer un caso de delito económico con 25 años de pena", instó.
"Rechazo el pedido de prisión preventiva por infundado, por irrazonable ante su gravedad y también es inncesario", dijo Cuenca y dejó como moneda de cambio que no se opone a que no puedan salir del país. También mantuvo la oferta de seguro de caución por un monto de 5 millones de dólares. Y hasta ofreció sumar más dinero.
Concurso de acreedores
Mientras transcurría este jueves al mediodía la audiencia imputativa contra el directorio de Vicentín, el juez que lleva la convocatoria de la aceitera, Fabián Lorenzini, convocó a todos los acreedores para audiencias de seguimiento y de la propuesta de pago para los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre. A esos encuentros no sólo concurirrán los ejecutivos de Vicentín sino también los inversores estratégicos interesdos en comprar la compañía.
