El fiscal Miguel Moreno, quien imputó este martes por estafas y balances falsos a los catorce directivos de la agroexportadora Vicentin, aseguró que la empresa "encubrió una venida a pique desde 2017" a través de falsedades insertadas en distintos balances. Agregó que fue detectado un "flujo de dinero intragrupo" de la compañía que no tendría justificación con la finalidad de realizar maniobras financieras y comentó la situación "generó un efecto derrame, pero negativo".
Moreno habló en conferencia de prensa una vez culminada la audiencia de este martes, que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 8 por pedido de la defensa de los empresarios. "Las imputaciones por estafa son sumamente claras con la información reunida hasta el momento. No descartamos que en el proceso pueda surgir alguna otra conducta ilícita para atribuirles a estas personas o a otras", señaló.
El fiscal confirmó que pidió prisiones preventivas para los integrantes del directorio de la agroexportadora y que en ese marco los abogados defensores le adelantaron un ofrecimiento de caución de unos cinco millones de dólares para no quedar detenidos.
Con respecto al perjuicio económico causado por Vicentin, dijo: "Si bien las maniobras no tienen un impacto en la opinión pública, generaron un daño social. Así como las bonanzas en determinados aspectos económicos generan un efecto derrame, esto fue uno, pero negativo".
Según explicó, las maniobras consistieron en "exhibir balances falsos donde no se registraban pasivos de deudas con productores granarios. Vicentin tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida del pasivo corriente de pagarle al productor granario cuando éste quería fijar el precio. Emitieron certificados de cumplimiento falsos con adulteración de ratio, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, para que tuviese acceso a desembolsos".
Además, sostuvo que "las empresas satélite" de Vicentin recibían dinero de la agroexportadora con el objetivo de "prefinanciar exportaciones de los bancos. En muchos casos, sin contraprestación que se pudiera detectar. Hay un flujo de dinero intragrupo que no se puede justificar".
"Tenemos probado que no había solvencia total. Hubo un encubrimiento de la real situación, de una venida a pique desde 2017, ocultando a través de falsedades en los balances. Esa es la justificación de un paso a otro. Fue el ocultamiento de una decadencia económico-financiera", concluyó.
Por su parte, el abogado querellante Gustavo Feldman indicó que estar "conforme" con la acusación, aunque recordó que sostiene la hipótesis de que los catorce imputados conformaron una presunta asociación ilícita.
"Tuvieron un doble desenvolvimiento: la simulación respecto de los productores granarios para captar granos y usarlos como propios; y una disimulación en el no pago, en no honrar las deudas que se iban adquiriendo", finalizó el abogado.
