En las 532 páginas que tiene el escrito de las acusaciones de Fiscalía contra los ex directivos de Vicentin, que fue presentado este viernes, se destacan dos puntos que pueden generar jurisprudencia: se acusa como encubridores de la estafa a los síndicos de la convocatoria de acreedores y a un director y socio de la auditoria internacional KPMG en Argentina.
En efecto, el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos, pidió 3 años para los síndicos Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut, mientras que pidió 7 para Eduardo Harnan (KPMG), al acusarlos a todos de encubridores. Ahora, los profesionales deberán esperar el juicio, que no tiene fecha de inicio, para defenderse de las acusaciones.
Los síndicos quedaron en la mira bajo la acusación de encubridores al no tomar en cuenta en sus informes del concurso las múltiples irregularidades contables halladas en el fuero penal, permitiendo así que la convocatoria avance sin problemas, permitiendo de esa forma concretar la estafa en curso (de tomar créditos y recibir granos a sabiendas de que no iban a poder ser pagados).
Por su parte, Harnan, quedó complicado porque la auditora aprobó balances falsos del grupo que permitieron las estafas. Sin esas irregularidades contables avaladas por KMPG -que detectó la "auditoría forense" encargada a revisarlos por la Justicia civil-, Vicentin no habría podido seguir recibiendo préstamos millonarios de bancos (y proveedores de granos). Una de las principales irregularidades es que se contabilizó como activo un pasivo millonario, que eran los granos recibidos y almacenados en sus plantas de acopio pero no pagados.
Síndicos millonarios
La práctica judicial es un catálogo de contadores que se convierten en millonarios al ser designados síndicos de concursos millonarios. Es más, históricamente siempre hubo pase de facturas de los abogados a los legisladores nacionales que, siendo letrados, decidieron que las sindicaturas queden bajo titularidad de contadores y no abogados.
En este caso, según la ley de Concursos y Quiebras, los honorarios pueden estar entre el 1 y el 4 por ciento del activo denunciado, que en el caso de Vicentin rondaba los $100 mil millones a valores de 2019, por lo que los tres contadores podrían repartirse entre 1000 y 4000 millones de pesos (a valores de 2019). Un monto demasiado suculento para que el proceso civil y comercial no quede embarrado en el fuero penal
La actuación de los contadores siempre fue muy criticada por importantes acreedores comerciales, quienes sostienen que a lo largo de todo el proceso concursal los síndicos hicieron suyos todos los argumentos expuestos por la empresa (por ejemplo, al atribuirle a las turbulencias de la macroeconomía en 2019 la razón de la caída) y sin tomar en cuenta las maniobras detectadas en el fuero penal, por ejemplo en la confección de balances falsos que le permitían mostrar fortalezas financieras que no tenía para poder seguir tomando créditos de proveedores y bancos.
¿Cómo llegan los síndicos a quedar envueltos? El fiscal consideró que los problemas financieros que tenía la empresa desde 2017 fueron ocultados a acreedores para seguir recibiendo préstamos y granos hasta el momento de del default. Moreno también aseguró que la crisis se ocultaba a la hora de confeccionar los estados financieros que debían presentar a los bancos que lo financiaban.
En concreto, la “auditoría forense” encontró que Vicentin recibió 3,8 millones de toneladas de granos entre 2017 y 2018 que los registraron como activos pese a que no los había pagado y por eso debía figurar como pasivo.
Para Fiscalía, los síndicos habrían sido cómplices en el encubrimiento de la estafa porque los resultados de la “auditoría forense” no fueron tomados en cuenta en el informe general que realizaron los síndicos y que habilitó el proceso de realización de oferta de pago.
En concreto, en la acusación presentada este viernes por la Fiscalía se dice los siguiente: "El aporte de Ernesto Norberto García, Diego Oscar Telesco y Carlos Julio Amut; síndicos del concurso preventivo que tramita el Juez Fabian Lorenzini, consistió en haber incumplido sus obligaciones de control y haber emitido dictámenes en beneficio del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin SAIC, pese a las advertencias efectuadas por la Auditoría Forense en los informes presentados dentro del concurso preventivo, y las irregularidades denunciadas por distintos acreedores e integrantes del Comité de Control. De esta manera violaron los deberes que recaían sobre sus personas por encontrarse en aquel momento participando en el ejercicio de funciones públicas como así también omitieron denunciar la perpetración de delitos. Por el contrario se dedicaron a proteger las maniobras defraudatorias realizadas, ayudando a los autores a asegurar el producto o provecho del delito".
Choque de fueros
Y de esta línea de trabajo surge, entonces, un debate crucial: ¿se puede aprobar una oferta de pago presentada por Vicentin que permitiría la concreción final de la estafa, según la hipótesis del caso? Por lo pronto, el juez de primera del convocatoria, Fabián Lorenzini, desechó el acuerdo de acreedores alcanzado y habilitó el cram down
El espíritu de la ley de concursos y quiebras (y los usos y costumbres de los jueces civiles durante las convocatorias) buscan evitar el cierre de las empresas que defaultean con el argumento que el peor escenario para todos los acreedores (y empleados) es el cierre y la quiebra. Y por eso suelen acompañar los intentos de las empresas en acomodar su situación financiera.
¿Pero qué pasa cuando en paralelo a la convocatoria avanzan investigaciones penales que ponen sobre la mesa que, más allá de las razones económicas de la convocatoria, hay maniobras fraudulentas, como una estafa? ¿Pueden los síndicos del concurso y los jueces civiles y comerciales llevar la convocatoria como cualquier otra empresa en crisis mientras que en el tribunal penal se destacan maniobras imputadas de delictivas, como alterar balances?
No es la primera vez que el debate emerge, pero desde que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se enfocó en seguir casos de delitos económicos en las altas esferas empresarias empieza a hacerse más frecuente. Por ejemplo, el papel de las síndicas de la convocatoria de la malograda agrofinanciera Guardati Torti (las contadoras Carolina Gortari, Paola Beltramino y Mariela Garcia) también fue muy cuestionado por acreedores, ya que las profesionales pasaron por el costado de todas las investigaciones penales en contra de sus directores. Fue así que hasta terminaron declarando ante los fiscales.
En el caso de Vicentin, ni los síndicos del concurso ni el juez Fabián Lorenzini hicieron alguna vez mención a lo que pasaba en el fuero penal. No solo no lo tomaron como variable de análisis (lo que puede ser discutible, ya que la defensa de Vicentin sostiene que no hay delitos y que todo fue por un estrés financiero) sino que ni dieron cuenta de la existencia de la causa penal.
Auditores que no auditan
El papel de los síndicos estuvo en tela de juicio desde el momento del default. Incluso, se repetía en el fuero penal que la auditoria KPMG no estaba en problemas más que por no haber avalado el último balance (2019), que no fue presentado en tiempo y forma para la apertura del concurso, sino por haber firmado los anteriores. Pero recién en julio de 2022, KPMG quedó envuelta el proceso penal por una denuncia penal presentada por el contador Raúl Corgnali con el patrocinio de los abogados Marcos Peyrano y Froilán Ravena.
“Los fraudes jamás se podrían haber concretado y/o perfeccionado sin la vista connivente de quien poseía el rol de avalar contablemente su actuación”, resalta la denuncia.
“Así, una gran cantidad de actos perpetrados por los denunciados han podido desplegarse mediante el aval de los estados contables de Vicentín, que se encontraba a cargo de las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional. La adulteración de los balances y la falta de advertencia oportuna de un faltante patrimonial de 900 millones de dólares no debería pasar desapercibido. Se entiende entonces que el sello de calidad otorgado para poder avalar semejantes falsedades y desaguisados contables fue dado por esta firma, cuyo responsable de cuenta en Argentina era el contador Eduardo Harnan. Analizadas a la luz de los hechos y la documentación recabada a lo largo de los procesos judiciales, surge inevitable la sospecha de esta firma y sus responsables, en la participación del grupo delictivo señalado anteriormente. Jamás podrían haber avalado los balances y los actos desplegados por Vicentín sin el conocimiento previo del plan a desplegar por los imputados”.
“Por tanto, entendiéndose que se han registrado operaciones contables y balances falseados que tuvieran como propósito proceder a concretar y consumar una serie de actos fraudulentos como los señalados en la presente y que a la postre algunos ya fueran imputados en la IPP, utilizando como pantalla crediticia precisamente esos balances auditados por KPMG, aparece necesaria la sospecha de una posible participación previa y necesaria del socio de la empresa auditora y que su responsabilidad penal radicó en haber ocultado información relevante, hecho que a la postre resultó esencial para perpetrar el fraude, actuando en connivencia con los demás imputados realizando informes y dictámenes en su carácter de auditor externo y a tal fin fue contratado”, resalta la denuncia.
“Su accionar evidentemente indujo a error a la mayoría de Bancos y Entidades Financieras que finalmente le otorgaran multimillonarios créditos a Vicentín cuyo cumplimiento de pago hoy se encuentra frustrado. Para decirlo claramente, el accionar de los responsables de KPMG fue un elemento esencial que permitió a los denunciados desplegar su plan, por lo que deberá investigarse el rol de esta empresa y sus responsables en este ámbito penal y su aporte connivente o no en este monumental fraude”, aseguran.
“Si verdaderamente el trabajo que desplegaban lo hacían de manera responsable y objetiva, los responsables de KPMG jamás debieron emitir semejantes opiniones ni avalar lo que a todas luces se sabía falso con el consiguiente riesgo involucrado sin una premeditación previa con los directivos de Vicentín y sus aliados. Por lo expuesto, sostenemos que los auditores de KPMG deberían responder al sospecharse que su actuación dio lugar a una contribución o reforzamiento accesorio de las conductas delictivas de los imputados, redundando en la producción del resultado. Por lo que solicitamos se investigue que rol le cupo a KPMG Argentina S.A. y a KMPG Internacional a través de sus responsables de cuentas, en la organización delictual que en la presente proponemos”, resalta la denuncia.
Allanados
Tras la presentación de la denuncia, hacia octubre de ese año, el fiscal Moreno pidió allanamientos en las oficinas de la consultora internacional KPMG por el escándalo de los balances de Vicentin, tanto en las oficinas de Puerto Norte como en la sede porteña. Ahora bien:¿Qué dice la acusación de Fiscalía presentada este viernes sobre Harnan? Esto dice:
“La confección de los Estados Contables de Vicentin, al menos en los años 2017, 2018 y la falsa información exhibida incluso hasta julio de 2019, momento en que presentaron el último informe trimestral a los Bancos, se realizó en violación a las normas internacionales y los contratos celebrados. A fin de ocultar la verdadera situación de la empresa y consolidar el engaño, los imputados recurrieron a maniobras que comprenden el ocultamiento de información, la confección de informes y balances falsos, la generación de comunicados y publicidades que pregonaban una empresa saludable, rentable, con el fin de generar en los denunciantes una falsa creencia de solidez económica y financiera, y que estos continuaran con los desembolsos millonarios. La publicación de los balances y su presentación ante las distintas entidades bancarias como la falsa exhibición al mercado granario de la solvencia y buen estado financiero y económico de Vicentín no pudo ser posible sin el aporte necesario que realizó Eduardo Harnan, quien es contador y socio de auditoría de la empresa KPMG. Justamente uno de los servicios que ofrece KPMG a sus clientes es el de auditoría externa, y fue Harnan el encargado de realizar las auditorías externas de Vicentín en lo que respecta a los ejercicios que analizaron en octubre 2017 y 2018”.
Y en otro apartado, la acusación de Fiscalía resalta: "El aporte de Harnan en los hechos atribuidos fue, con su opinión favorable de los estados contables de Vicentin, darle mayor credibilidad a los balances con cierre a octubre 2017 y 2018 que contenían falsa información y que omitían el pasivo de Vicentín, y para ello debió incumplir con las normas y prácticas que le encomendaba su labor. Porque de haber realizado correctamente su trabajo, habría advertido el millonario ocultamiento del pasivo, y de esa manera lo debería haber expresado en su análisis y conclusiones, de manera de alertar al mundo crediticio y granario de las falsedades contables de Vicentín. Harnan, con su auditoría encubrió las omisiones de deuda de Vicentin, y para ello tuvo que separar su actuación de las reglas que guían los procedimientos de auditoría. En este punto, Harnan incumplió en realizar una correcta circularización de proveedores, atento que la muestra elegida para circular no fue representativa del universo de los acreedores, se limitó a circularizar a los acreedores que informó Vicentin, y eligió hacerlo de esa manera porque de otra forma se hubiesen advertido fácilmente las incongruencias y los pasivos omitidos. Si Harnan hubiese cumplido con el mínimo estándar que le exigen las normas contables, habría advertido esta situación.
