Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de las terminales I y II del puerto local, suspendió este viernes a sus 600 estibadores, a quienes esta madrugada no dejaron ingresar a la empresa. Supa, el gremio que los reúne, y que ayer se había manifestado bloqueando el ingreso de camiones al puerto, mantiene la protesta y realizará este mediodía una asamblea. Además, sus autoridades se trasladaron a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación para denunciar la situación y mantendrán una reunión con las autoridades de la delegación local.
El conflicto viene tomando temperatura en los últimos meses, pero se aceleró esta semana cuando los estibadores sindicalizados cobraron sin el aumento prometido, mientras que el personal fuera de convenio sí cobró con una suba del 30%.
TPR le reclama a los estibadores que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar la suba convenida, pero el Supa rechazó la oferta, sobe todo por el temor a que al aceptar la baja de la cargas, la empresa active un plan de despidos que tiene en la gatera. Es que la operadora portuaria manifestó previamente la necesidad de despedir 200 estibadores, del total de casi mil empleados que tiene. Al conocerse el no pago del aumento, la comisión directiva del gremio decidió esta jueves iniciar los bloqueos pero manteniendo la gente que estaba trabajando en funciones.
La propuesta de TPR tiene todo el sello de Vicentin, uno de sus dos accionistas. Es que así como la agroexportadora santafesina financio su crecimiento con un crédito de 330 millones de dólares del Banco Nación que nunca pagó, ahora quiere financiar el aumento de sueldos con el dinero que dejaría de pagarle al Estado en las cargas sociales. Pero para que eso sea legal, necesita el aval del gremio.
TPR asegura que incumplimiento en el pago del canon y la necesidad de achicar su plantilla se debe a la convulsionada situación económica argentina y a que la actividad se le redujo por tener fuera de operaciones a dos de los tres muelles de sus terminales.
Además, responsabiliza a la intransigencia del gremio en no aceptar las rebajas de asignaciones. Es más, esta semana distribuyó un comunicado entre el personal avisando de que si el Supa no acepta la rebaja de cargas será el responsable de que no puedan pagar ahora la suba salarial y en breve la totalidad de los sueldos; un mensaje que buscó activar la presión y malestar de los empleados sobre el sindicato.
“El muelle norte y el muelle centro no están operativos porque TPR no invierte en su mantenimiento y por eso hay riesgos para la seguridad a raíz de los constantes socavones que se producen. Están reclamando que sea el gobierno provincial el que financie esas obras de reparación, cuando por contrato ellos tendrían que hacerlas. Si pagan las reparaciones, los dos muelles podrían volver a estar operativos”, se quejo César Aybar, secretario de Supa Rosario, en declaraciones a Rosario3.
“En realidad, lo que ocurre es que desde hace meses, entre presiones para despedir y suspender compañeros y ahora directamente no abonando los aumentos acordados, lo que TPR busca es que nosotros saltemos y generemos un conflicto laboral y social para así culparnos de la crisis, pero su objetivo de fondo es presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión”, denunció Aybar. "Al Enapro la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon", alertó el gremialista.
En rigor, según averiguó Rosario3, TPR se atrasó un trimestre en el pago del canon, pero por contrato tiene la posibilidad de retrasarse un trimestre sin que se le activen castigos y penalidades. En efecto, si el 10 de agosto TPR no abona un nuevo trimestre entraría en falta porque acumularía dos trimestres consecutivos sin abonar. Pero como a diferencia de la gestión del gobierno anterior (en la que TPR pasaba semestres sin pagar el canon no recibiendo sanciones), las actuales autoridades del Enapro intimaron esta semana a la empresa concrete el pago adeudado antes del 10 de agosto.
El jueves por la tarde -según supo Rosario3- se concretó el pago del trimestre adeudado, por lo que si el 10 de agosto la concesionaria no abona el trimestre qu se vence igual se mantendría en regla porque el contrato, como se dijo más arriba, permite un trimestre de retraso en el pago. Las intimaciones por el retraso del canon se suman a otras intimaciones que el organismo estatal viene realizando de manera permanente y con firmeza por falta de cumplimiento de puntos centrales del contrato, como la realización de obras y tareas de mantenimiento de las instalaciones públicas.
TPR es una empresa cuyo control accionario está dividido entre una firma chilena de primer nivel llamada Uitramar y el grupo Vicentin, que protagonizó el más grande y escandaloso default del mercado de granos, dejando sin pagar 1.500 millones de dólares, y que tiene a todo su directorio imputado por estafa y administración fraudulenta.
