A finales de octubre, y tras más de 44 meses de gestión, la Legislatura de Santa adhirió los cambios en la ley de accidentes y riesgos laborales, que para los sectores empresarios permite ponerle un freno la “industria” del juicio laboral. Pero ahora las aseguradoras salieron a advertir que se aprobaron artículos “que vulneran el espíritu de la norma y por eso resulta incierto el efecto sobre la litigiosidad que asola la economía de la provincia”.
En un comunicado conjunto difundido este jueves a la tarde, las entidades Aseguradores del Interior del a República Argentina (Adira) y Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (Uart) destacan los artículos que, entienden, pueden traer inconvenientes:
1) Art. 13, en cuanto al plazo para recurrir los dictámenes de Comisiones Médicas (CCMM), que pasa de 60 días hábiles a 2 años. Esto implica dejar abierta por dos años una instancia de apelación para todos aquellos casos en los que no exista acuerdos. Estos dos años se suman al plazo de dos años que ya fija la ley para iniciar el reclamo conforme la prescripción.
2) Art. 15, que trata sobre la presentación del trámite ante la CCMM, dependerá de la reglamentación y aplicación práctica, ya que admite distintas lecturas posibles respecto de su cómputo y la documentación necesaria para que la Comisión Médica pueda expedirse.
“El efecto final se verá en función de cómo se articule el accionar de las Comisiones Médicas y el posterior paso por la Justicia, para lo cual resulta ineludible la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses o peritos médicos en el ámbito del Poder Judicial”, señalan las aseguradoras. Para las entidades, “cuanta más unificación de criterios haya entre el tránsito administrativo y el judicial, menor incertidumbre y controversia habrá. Lo contrario ocurrirá ante la disparidad de criterios, que desde ya seguirán alentando la litigiosidad”.
Finalmente, las aseguradoras sostienen que seguirán “trabajando en pos de un sistema que priorice la prevención y el otorgamiento en tiempo y forma de las prestaciones previstas en la Ley, como forma de brindar certidumbre a las empresas y a los trabajadores amparados por este sistema, con reglas claras y seguridad jurídica, como la mejor forma de trabajar para toda la estructura productiva”.
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