Un grupo de accionistas de Vicentin se presentó ayer jueves en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para solicitar “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default” a finales de 2019. La empresa quedó debiendo más de 1.500 millones de dólares (entre granos y créditos tomados, pero no pagados) en lo que se convirtió en el default más grande en la historia del mercado cerealero.

Desde la oficina que conduce el fiscal Miguel Moreno confirmaron a Rosario3 la novedad, y adelantaron que en breve se les tomará declaración para ver qué pueden aportar en relación con el delito de administración fraudulenta.

Los imputados por diversos delitos (estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita, etc., que para Fiscalía explican que el default no fue producto de una situación comercial, sino parte de una estafa a gran escala, ya que falseaban balances para conseguir millonarios créditos y recibían granos a sabiendas de que no iban a poder pagarlos) son: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza.

El pedido de este grupo de accionistas de constituirse en querellantes marca un fuerte quiebre en el frente interno de la empresa, cuyos dueños (nucleadas en cuatro grandes ramas familiares) venían actuando en bloque. Pero ahora la novedad es que apareció un grupo que fue la Justicia a decir que se sienten defraudados por los directores, que son familiares. 

Que ahora accionistas quieran sumarse entre los querellantes -al sentirse víctimas de las maniobras que acreedores comerciales y bancos denunciaron como reales causas de default- supone para la actual conducción de la empresa un fuerte golpe, justo cuando todavía está intentando recuperarse del duro golpe que recibieron de parte del juez Fabián Lorenzini al rechazar la propuesta de pago que habían efectuado y abrir el cramdown.

Ahora deberán transitar la apelación en Cámara a la decisión del magistrado de primera instancia, con un frente interno en la que existen opositores, y que se manifestaría a favor de que el proceso de salvataje avance, porque entienden que ninguna solución cierta puede existir de parte de aquellos que defraudaron a propios y ajenos, según alegan en los fundamentos para solicitar ser querellantes en la causa.