La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, Loretta Preska, ordenó este jueves la entrega de mails, chats de Whatsapp y otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de la administración de Javier Milei y Alberto Fernández con el objetivo de acelerar un embargo que reclaman los fondos que están en litigio con la petrolera YPF por la expropiación de las acciones privadas, cuando gobernaba el kirchnerismo. El pedido de destrabar información confidencial incluye a Luis y Santiago Caputo, actuales funcionarios nacionales y a Sergio Massa, exministro de Economía.
Los fondos Burford y Eton Park buscan probar que tanto YPF como el Banco Central son un “alter ego” de la Argentina, es decir, que la petrolera, la entidad y el país son lo mismo a fines legales. La información a la que buscan acceder formó parte de la evidencia en la demanda, donde los fondos cobraron una indemnización por US$16.100 millones más intereses.
Este proceso de la justicia de Estados Unidos, llamado “discovery”, tuvo a los abogados de la Argentina y a los demandantes en negociación durante las últimas semanas para definir a cuántos funcionarios alcanzaría la medida. Aunque al comienzo hubo pujas entre ambos lados, donde los fondos presentaron un listado de 27 funcionarios y la Argentina los redujo en una contrapropuesta, finalmente la jueza Preska determinó quiénes serían aquellos que deberán entregar la información.
Entre los altos funcionarios que deberán revelar sus correos de Gmail y chats en plataformas de comunicación como Whatsapp y otros se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el asesor presidencial Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector general de Aduanas, Guillermo Michel; y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
Los fondos habían solicitado también la información del exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el exsecretario de Comercio Matías Tombolini y el exsecretario general de Presidencia, Julio Vitobello; todos funcionarios de la administración de Alberto Fernández cuya decisión de entrega de información fue postergada. En cambio, Preska rechazó los casos del exministro de Justicia y también de Seguridad de Scioli, Ricardo Blas Casal; la ex secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de Fernández, Rita Haydee Tanuz; y la actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky.
