Cuatro armas de fuego fueron robadas de un cajón sin llave del primer piso del Centro de Justicia Penal, donde se encuentra la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), que depende de la Corte Suprema. El hecho fue detectado durante el receso de verano y se abrió una investigación penal que quedó en manos de la fiscal Paola Aguirre de la unidad de Violencia Institucional. Una de las pistolas es una Taurus calibre 9 milímetros fue secuestrada el jueves pasado en un presunto “aguantadero” de Flor de Nácar y Calle 513, en barrio Las Flores, tras una persecución policial. La Unidad Regional II determinó que era una de las sustraídas porque, llamativamente, no tenía la numeración limada y pudo ser identificada rápidamente.
Las cuatro pistolas robadas estaban en el edificio judicial por una cuestión particular: por el juicio a los policías Franco Hugo y Víctor Oscar Villarruel, quienes el 1° de diciembre pasado fueron condenados a 23 y 20 años respectivamente por el crimen de Matías Sosa, el ex cuñado de uno de los agentes. En esa investigación, el tribunal dispuso la destrucción de dos de las armas y que las otras dos (las reglamentarias) sean devueltas al Ministerio de Seguridad para su reutilización.
Las armas nunca regresaron al depósito que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por dos motivos: el primero fue que, al llevarlas, las actas estaban mal confeccionadas y así no podían darle ingreso. Por ese motivo se solicitó que sean devueltas a la OGJ hasta que la documentación esté bien hecha. El segundo, las robaron insólitamente de un cajón que estaba sin llave durante el receso de verano.
Una empleada de la Oficina de Gestión Judicial detectó al regresar de la feria que habían robado las pistolas. Su aviso abrió una investigación penal que está en manos de la fiscal Paola Aguirre, quien ordenó que se cautelen las imágenes internas del Centro de Justicia Penal y también pidió el registro de quiénes ingresaron durante el receso a la oficina en la que se encontraban las armas.
En paralelo interviene otro fiscal, que es Aníbal Vescovo, quien quedó a cargo de la causa de la persecución policial que terminó en Las Flores el jueves pasado, donde se incautaron una ametralladora FMK3, la Taurus 9 milímetros y más de 150 municiones, entre ellas, de un fusil FAL no localizado.
Una cuestión relevante es que los autos secuestrados en el presunto "aguantadero" –un Fiat Cronos, un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Voyage– figuran mencionados en distintas balaceras ocurridas a finales de marzo. Incluso adentro de uno de los rodados se incautó una vaina servida.
