Un hombre que en abril de 2021 atropelló y mató a dos asaltantes tras sufrir un robo en barrio Fisherton fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio simple cometido en exceso en la legítima defensa. La pena se resolvió en un acuerdo de partes que fue convalidado por el juez Mariano Aliau y contempla cuatro años de reglas de conducta y 10 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo.
De esta manera, Diego Pablo C., que transitó en libertad casi todo el proceso, aceptó su responsabilidad y evitó ir a juicio oral. El acuerdo, como contempla la ley, tuvo el consentimiento de los familiares de las víctimas. La defensa hizo saber en la audiencia que existió un acuerdo de reparación económica entre la defensa y querella, sin intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El monto de esa reparación no trascendió.
Día de furia
El jueves 8 de abril, cerca de las 16.30, Diego C. sufrió un atraco a metros de su casa, en Amuchástegui al 600, barrio Fisherton. En ese instante fue abordado por dos personas en moto que, arma en mano, le robaron una mochila en la que C. tenía, según se dijo oficialmente, 2.000 dólares y 2.400 pesos.
La víctima del robo alcanzó a los sospechosos a 600 de distancia, en la intersección de Navarro y Zuviría, y embistió de atrás a la Honda Titan con su camioneta Chevrolet S-10.
Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años, murió en el acto debajo de la camioneta. Luciano Escudero, de 29, quedó herido y fue derivado al Heca, donde estuvo internado con custodia policial hasta que murió la madrugada del viernes.
El domingo 11 de abril el fiscal Patricio Saldutti imputó a Diego C por dos hechos de homicidio simple y pidió la prisión preventiva por el plazo de ley, en virtud de una instrucción que tiene de sus superiores para casos de homicidio. Consideró que el imputado había tenido intención de matar. El delito contempla una pena que va de los 8 a los 25 años de cárcel. El juez Román Lanzón aceptó los términos de la imputación y dictó la prisión preventiva pero por 60 días.
Fuera del Centro de Justicia Penal (CJP) allegados al imputado se manifestaron a favor de la libertad del acusado. "Mi hijo tiene que está libre, no me dejen sola", había dicho la madre de Diego C.
Por su parte, el fiscal Saldutti había declarado: “Entiendo el contexto y la situación; soy parte de la sociedad pero mi función como fiscal es una función orgánica del Poder Judicial y en base a criterios de objetividad. La presión social siendo funcionarios no debería hacernos mella en ningún sentido. Por supuesto que influye pero siempre nos apegamos a la objetividad y haciendo el mejor trabajo posible, no podemos escuchar el humor social para resolver en una causa”.
Para el 23 de abril, sin embargo, la Fiscalía cambió su postura y solicitó una nueva audiencia en la que pidió la libertad del acusado, que el juez concedió. Entre los argumentos para esa resolución, se citó la ausencia de riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.
