El papá de Ito Seisas, Marcelo Seisas, denunció penalmente la adulteración de un documento público que en la práctica –y como está escrito– prorroga por tiempo indefinido el servicio de la empresa que estaba a cargo del control de los semáforos el día que su hijo murió... por la falla de un semáforo.
Parece un eslabón más en una peligrosa cadena que pasa de las negligencias a los presuntos encubrimientos: primero culparon a la Empresa Provincial de la Energía por la falla técnica, lo que fue rebatido en peritajes realizados en 2018. Luego demoraron la salida de la licitación. Y ahora, buscan prolongar la concesión con una “versión corregida” de los hechos.
El Concejo Municipal es un órgano de control de gobierno de la ciudad. Esto se señala explícitamente en la descripción de sus atributos como órgano legislativo. “Es el órgano legislativo y de control del gobierno municipal”, define la propia web oficial. O no todos están al tanto, o bien es un órgano que está pintado. Porque de otra manera no se entiende que la Municipalidad, sin mediar explicación, modifique una norma aprobada sin decir nada. Y que todo tenga que terminar en una denuncia penal.
De acuerdo a la Constitución de Santa Fe y a las leyes de la provincia, todas las ciudades organizan su gobierno con un Departamento Ejecutivo a cargo del intendente y un Concejo Municipal. Estudia y sanciona pautas y regulaciones. Intenta una mejora en la calidad de vida de sus habitantes y la defensa de sus derechos. Lo que aprueba, pasa al Ejecutivo Municipal. Textualmente. Bueno, a veces no tanto y por razones no tan claras.
Borraron una frase
Casi dos años después de que el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, afirmara que la empresa que tiene la concesión del sistema de semáforos, Kapsch, “no estaba a la altura”, el proceso para volver a licitar el servicio resultó una historia de sobresaltos y rarezas sobre las que nadie aclara nada.
El concejal Agapito Blanco, con el apoyo de la edila progresista María Eugenia Schmuck y la kirchnerista Marina Magnani, le pidió al presidente del Concejo Municipal, Alejandro Rosselló, que averigue por qué se modificó el contenido de un expediente que prolonga "sin plazos" la licitación a favor de esta misma firma, que estaba a punto de finalizar.
Según Blanco, el expediente aprobado por el Concejo tenía como objetivo extender seis meses el contrato con la empresa Kapsch Trafficcom Transportation Argentina SA, que ya había sido prorrogado por dos años.
De acuerdo a la versión taquigráfica, el Concejo votó una cosa pero el municipio decretó otra. El texto que le da fuerza normativa a la prórroga omite una frase clave.
"No se refleja fielmente lo votado en el recinto, que incorporaba la frase «por seis meses o hasta la adjudicación de la nueva licitación; lo que fuera anterior»”, apuntó Blanco en distintas intervenciones a la prensa. Sin embargo, en la transcripción del decreto no se lee por ningún lado las cuatro palabras clave: “lo que fuera anterior”.
“Sin esa frase se desvanece el plazo y la prórroga toma carácter de tiempo indefinido y sin obligación de cumplimiento”, tradujo el edil, preocupado por la indiferencia de los propios concejales socialistas, “que no manifiestan ninguna intención de subsanarlo y, al igual que el Ejecutivo, insisten en que está todo bien, cuando en realidad el servicio prestado por la empresa actual fue duramente cuestionado incluso por el secretario de Gobierno”.
Ante la falta de explicaciones, el papá de Ito, Marcelo Seisas, denunció penalmente la adulteración del documento.
Pero no borraron el dolor
Una “versión corregida”, por definición, es la adaptación de una obra intelectual para presentarla de otro modo o a otro tipo de destinatarios. Es decir, especialmente preparada para quien va a leer esas líneas. En el Concejo, el texto decía una cosa. En el municipio, otra. El órgano de control legislativo tomó una decisión pero nadie siguió el tema hasta que la mirada curiosa de un concejal descubrió la modificación, más de medio año más tarde.
En el Palacio de los Leones, vaya uno a saber por qué, la supresión de una línea permite que todo siga como está, a menos que los medios de comunicación le presten atención al tema.
En literatura, las versiones corregidas son un refuerzo del relato. En el ejercicio de gobierno, también. Todo cocinado en el fuego lento del olvido. Y es aquí donde se equivocan.
Para los familiares de las víctimas de las injusticias, el olvido es un artículo de lujo. Está fuera del relato. El factor común del dolor por la muerte absurda de alguien querido los reúne. Los vas a encontrar en una marcha para pedir justicia por Joel Bello, el adolescente asesinado de un piedrazo para robarle la moto en Sorrento y Cullen. En los pedidos de justicia por Marcos Guenchul, el "personal trainer" de 32 años que fue asesinado en Sucre al 1100. En los ojos de los familiares de las víctimas de Salta 2141, indignados por una absolución masiva que sólo mandó a prisión al gasista Carlos García. La lista es larguísima, inabarcable.
En ella también está ese hombre que cada día 13 se cuelga de la puerta del Palacio Municipal y pide “Justicia por Ito”. Es Marcelo Seisas. Él, como los demás, pueden quedar fuera de las versiones corregidas. Pero en el dolor y el reclamo. En la ausencia de olvido, están todos juntos.
