Este miércoles tuvo media sanción un proyecto de ley para que aquellos integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe que estén denunciados por violencia de género no puedan llevar el arma reglamentaria a sus domicilios.
Se trata de una iniciativa de la diputada provincial Verónica Benas (Pares-FPCS) que había ingresado a Cámara baja en julio pasado –luego de caducar una idéntica de su autoría en 2015– y que luego de una votación unánime allí (43 votos a favor sin negativos ni abstenciones), deberá ser tratada ahora por el Senado.
Media sanción en @diputadossf del proyecto de ley para que aquellos integrantes de la Policía y del servicio penitenciario de la provincia de #SantaFe que estén denunciados por violencia de género no puedan llevar el arma reglamentaria a sus domicilios. pic.twitter.com/ahM2HVoqx4 pic.twitter.com/wv2Jt9ADoz
— Verónica Benas (@veronicabenas) November 27, 2019
Mediante seis artículos, el proyecto que avanza en la Legislatura propone que “se prohíba la portación, tenencia y transporte del arma de dotación fuera del horario de servicios, a los efectivos de las fuerzas de la Policía provincial” que hayan sido denunciados por violencia familiar o de género.
El texto persigue el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes.
Si finalmente se convierte en ley, la prohibición del uso de armas se debería poner en práctica “por resolución del jefe de Policía de Santa Fe, inmediatamente de tomar conocimiento de la existencia de la denuncia a través del Ministerio Público Fiscal o del Juzgado que esté interviniendo en la causa”.
Además, el proyecto estableces que “el personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso y entregarla al final de la jornada de trabajo”.
En tanto, las medidas establecidas en estos casos estarán sujetas a informes elaborados por un equipo de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y a lo que la resolución del juez interviniente determine en cada caso, previa realización de un examen de aptitud psicológica al denunciado.