Los trabajadores aceiteros del país hicieron este martes una presentación conjunta ante el juez del concurso de la empresa Vicentín, adhiriendo al pedido de intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia de Santa Fe, que busca reponer a los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia. Aseguran que es la “única alternativa de reactivación y continuidad laboral” de uno 1.300 empleados y empleadas del sector.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, en forma conjunta con el Sindicato de Reconquista y el de San Lorenzo, representando “a los más de 1.300 aceiteros de la empresa Vicentín”, realizaron la presentación judicial.
Aseguran que lo hacen “en resguardo de la preservación de los puestos de trabajo y la conservación de la empresa”.
Los gremios aceiteros expresaron su apoyo a “la petición expresada en el escrito por el cual la Inspección General de Personas Jurídicas solicita la intervención judicial de Vicentín S.A.I.C. y la conformación de un órgano de intervención en el marco del presente concurso preventivo de la empresa”.
En el escrito, resaltan que “las personas que han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados, y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico, hoy han sido repuestas en la dirección de Vicentín y gozarán del tiempo suficiente para continuar con el vaciamiento de su patrimonio, en perjuicio claro de los acreedores, pero sobre todo, de las fuentes de trabajo”.
“Por ello es que entendemos que la única garantía de reactivación y continuidad laboral que hoy tenemos los trabajadores aceiteros de Vicentín es la intervención que propone la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe”, establecieron los aceiteros en el texto presentado al juez.
Y consideran que “la intervención busca poner en resguardo el interés público y que, en nuestro caso particular, está dado por el interés de los trabajadores de salvaguardar las fuentes de trabajo que están en riesgo”.
En la presentación se solicita al juez “que se debe acompañar al expediente un estado de activos y pasivos de cada empresa del grupo económico”, esto es, que se exija a Vicentin SAIC presentar el balance anual cerrado en octubre de 2019, certificado por un profesional independiente.
En el mismo sentido se demanda una ampliación informativa de la presentación realizada por Vicentin SAIC en el concurso, “dada la devaluación en más de 15% de nuestra moneda desde el 9 de febrero de 2020, fecha de corte del cálculo de activos y pasivos hecho por la concursada. Tal ampliación deberá discriminar los activos y pasivos en moneda local de aquellos en moneda extranjera y dentro de ésta por signo monetario específico”.
Además, las organizaciones gremiales señalaron al juez que “una quiebra puede garantizar el cobro de algunos, y probablemente alguna empresa quiera y logre quedarse con la participación de Vicentin en Renova y algún otro activo a precio de remate; pero sin duda alguna no garantiza la continuidad laboral de los trabajadores aceiteros de las planta de Reconquista y San Lorenzo”.
“Los 30.000 trabajadores y trabajadoras aceiteras de todo el país no estamos dispuestos a dejar que esto suceda”, cerraron.
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