Trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se manifestaron este lunes en la sede de Gobernación de Rosario contra 21 despidos que la provincia formalizó el pasado viernes. Según denunciaron, la situación que se materializó con los telegramas, forma parte de una "peligrosa animosidad" hacia el equipo contratado en la gestión anterior. Acusaron la creación de una "agencia paralela".
“El viernes recibimos el telegrama de despido donde se indicaba que cesaban todas nuestras actividades en la gestión. Nosotros nos encontramos contratados desde 2018. Iniciamos el proceso por una pasantía académica de la UNR a la que accedimos por promedios de excelencia académica y a posterior recibimos un contrato de un ente nacional que tercerizaba la provincia”, contó en De boca en boca (Radio 2), Lucas, uno de los trabajadores cesanteados.
Según explicó, estos cuatro años trabajó en el Observatorio de Seguridad Vial donde se dieron buena parte de los despidos. “Somos quienes relevamos los datos estadísticos sobre siniestros viales con lesionados y fallecidos. Esta es información necesaria para la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad vial y es un área que actualmente está totalmente detenida por los despidos”, señaló.
Además de la protesta, en el patio cívico de la sede de Gobernación, los trabajadores dieron a conocer un duro comunicado en el que denuncian una serie de irregularidades en la gestión. En ese escrito hablan de una situación de “gravedad extrema no sólo para los trabajadores sino para toda la sociedad santafesina”.
Entre los puntos denunciados, los trabajadores hablan de la lentitud y falta de compromiso para renovar los contratos. Y criticaron que mientras muchos recibieron telegramas de despido, hay un grupo de personal político que fue incorporado y está cerca del pase a planta permanente.
“Se evidencia una animosidad con este grupo de trabajadores ya que los contratos fueron gestados en la anterior administración”, denunciaron. Sobre esto, el comunicado también habla de “reiterados y sistemáticos actos de maltrato, destrato y acoso laboral por parte de miembros del Ejecutivo a compañeras y compañeros que son constantemente increpados, puestos en duda en el ejercicio de sus funciones”.
También denunciaron el funcionamiento de una “agencia paralela” montada con “amigos y familiares”: “Han sido incorporados para llevar a cabo las tareas del personal de planta, suponiendo un gasto extra para el Estado y por ende para la ciudadanía. En reiteradas oportunidades se nos ha manifestado que «pertenecíamos a la gestión anterior» lo cual explicaría la falta de confianza en nuestro desempeñ. y el reemplazo en nuestras funciones, una conducta sin asidero real, claramente emparentada con la violencia laboral”.
Por fuera de los reclamos laborales, el grupo de contratados de la APSV advirtió por la ausencia de políticas públicas claras de seguridad vial. “Hablamos de acciones espasmódicas, que quedan a merced de una funcionaria y su grupo de confianza, que no está formado ni mucho menos especializado en seguridad vial para tales responsabilidades”, señalaron en referencia al demorado intento de montar radares sobre la avenida Circunvalación de Rosario.
Por todo esto es que le solicitaron al gobernador Omar Perotti que intervenga en el conflicto para restituir a los trabajadores cesanteados y al mismo tiempo se diagramen los ejes de la política de Seguridad Vial que debe tener la provincia.
