La Justicia de Jujuy estaría evaluando un pedido de arresto domiciliario presentado por José Dávalos, un hombre que en noviembre de 2019 fue condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de su vecina, una nena de 12 años que quedó embarazada y fue obligada a ser madre.
"La sola posibilidad de que el violador vuelva a estar en la casa frente a la de la pequeña (que ya padece regularmente los hostigamientos del sobrino de Dávalos que vive en ese domicilio) trae los peores recuerdos", dijeron a través de un comunicado desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
"Si la presencia del violador en el vientre de la niña fue una tortura, esa tortura se extenderá a la vida diaria de la niña hoy adolescente", agregaron.
Los familiares de la menor se sorprendieron cuando se enteraron de que la posible excarcelación de Dávalos y la visita de una asistente social del Servicio Penitenciario de la provincia a su casa.
"Se enteraron en el primer día de la feria judicial, no cuidándose a la menor, protegida por la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos y generando muchísima angustia", le dijo a Télam Mariana Vargas, abogada querellante en el juicio contra el violador condenado y referente de la organización feminista.
Vargas remarcó que "si bien no significa que le vayan a dar el arresto domiciliario", la Justicia debería "habérselo negado desde el principio y, en ves de ello, están produciendo pruebas a los efectos de evaluar".
La abogada también consideró como algo "gravísimo" el hecho de que "se estén produciendo estos informes a solo dos años de la detención".
"Nuestra niña, a quien el Estado adeuda su protección y disculpas después de tanto sufrimiento causado, tiene las cicatrices en su psiquis, en su piel, y en su memoria. El arresto domiciliario de Dávalos sería la muestra de impunidad que legitima más violencias", concluyó.
El abuso
El caso de violación fue descubierto en enero del 2019, tras la denuncia que presentó la familia de la víctima en contra de su vecino, que en ese momento tenía 60 años.
Como consecuencia del hecho, la menor quedó embarazada y tuvo que ser madre ese mismo año, ya que la respuesta sanitaria de la provincia ante el pedido de la interrupción legal del embarazo fue avanzar con una cesárea.
