Esta semana ingresó por Mesa de Entrada en el Concejo de Rosario un proyecto para regular el servicio de transporte privado por plataformas como Uber y Cabify, que ya funcionan de hecho en la ciudad desde hace varios años, y que hasta cuenta con varios capítulos judiciales encima.
La iniciativa busca superar el estancamiento del conocido como “tema Uber”, partiendo de la aceptación de que el uso de estas aplicaciones es una realidad y se da sin ningún tipo de control, “que conlleva los riesgos para los usuarios -como el robo de una unidad a un taxista hace una semana- y genera mayor precariedad para los trabajadores".
En la capital santafesina ya se debate una regulación y en Reconquista se aplicó una habilitación en junio pasado. El objetivo es ordenar la movilidad urbana, generar más recursos para la ciudad y establecer requisitos para terminar con la competencia desleal, y al ser reguladas, deberán también cumplir con condiciones de seguridad e higiene como los taxis y remises.
El proyecto de ordenanza para regular el transporte por plataforma fue presentado este lunes por la concejala justicialista Julia Irigoitía. No es el primer proyecto que busca poner fin al asunto de las plataformas ilegales, ya que en 2021 se debatió un proyecto del entonces concejal Roy López Molina, que proponía una plataforma digital de inscripción. Pero este proyecto nuevo busca incorporar las plataformas de servicio privado de transporte al sistema impositivo y poner ciertas reglas para su habilitación que son similares a los servicios de taxis y remises.
Para aplicar esta regulación, el mecanismo que se plantea es modificar la ordenanza General Impositiva creando una nueva categoría “de servicio de transporte privado de interés público a través de plataformas electrónicas”, en el marco del artículo 1 del decreto 1818/2014. Esta categoría comprenderá la intermediación entre unidades de transporte privado y usuarios para la prestación de servicios de traslado en vehículos automóviles, utilitarios, camionetas y/o moto vehículos.
La concejala explicó que "el objetivo es sacar a los choferes de la clandestinidad, darle seguridad a los usuarios y que la empresa pague los tributos locales”. Sobre la falta de regulación y la realidad actual, estableció que “no solo hay competencia desleal, sino también descontrol”.
Las condiciones que las plataformas y choferes deberán cumplir
La actividad privada tendrá una alícuota diferencial del 9% en concepto de Drei, lo que representa tres puntos más que la alícuota asignada al transporte de pasajeros, de carga y encomiendas, que actualmente está en 6%.
De esta manera, las plataformas que presten este servicio de intermediación deberán declarar un domicilio fiscal en la ciudad y pagar el Drei como cualquier otra actividad comercial, industrial o de servicio.
A su vez, para poder registrarse en las aplicaciones, los vehículos deberán tener pagas las tasas correspondientes a la revisión técnica y desinfección vehicular, tal como lo hacen los prestadores del servicio público. Y los choferes deberán contar con licencia de conducir profesional.
“Ordenar y regularizar la situación es el punto de partida. Esto implica desde el pago del Drei por parte de las plataformas hasta la exigencia de condiciones técnicas y sanitarias a los vehículos, además de la licencia profesional para los choferes”, remarcó la concejala que planteará el proyecto en comisiones.
La recaudación de la alícuota establecida para dicho servicio se destinaría al financiamiento de los costos de reparación y mantenimiento de las unidades afectadas al sistema de taxis y remises de la ciudad, así como a la adquisición de equipamiento para dotarlas de mayor seguridad.
La autoridad de aplicación sería la Dirección de Habilitaciones, Comercio y Servicios dependiente de la Secretaría de Gobierno, que llevará el registro de las plataformas electrónicas que presten el servicio de intermediación entre choferes y usuarios para efectuar traslados.
