La investigación por juego clandestino que se sigue en los tribunales de Rosario sumó una nueva línea de trabajo a partir de la declaración testimonial del senador provincial Lisandro Enrico, quien ratificó declaraciones periodísticas del año 2017 en las que aludió a un empleado legislativo como parte “de la mafia” del juego ilegal.
Cuando en 2020 se destapó la investigación por juego clandestino que tiene como principales imputados al empresario Leonardo Peiti y a los fiscales Ponce Asahad y Serjal, también quedó en el ojo de la tormenta el ex secretario parlamentario del Senado provincial, Ricardo Paulichenco (fallecido en 2019) a raíz de unas escuchas telefónicas que difundió la Fiscalía donde mantenía un diálogo muy comprometidos con Peiti.
Sin embargo no era Paulichenco el “empleado legislativo” al que se refería Enrico. Lo aclaró la semana pasada cuando los fiscales lo convocaron para dar detalles de aquellas declaraciones periodísticas de 2017 y le preguntaron sobre ese punto. La novedad es, según fuentes judiciales, que Enrico aportó otro nombre.
El señalado es Gabriel Hernando, un abogado de la capital provincial que es empleado en la planta permanente de la Cámara de Diputados. Se trata de un hombre polifacético. Es abogado de profesión –fue el defensor privado del ex presidente de Colón Germán Lerche–. En su faceta empresaria figuró como dueño de al menos dos locales icónicos de Santa Fe ciudad: el bar Barbarian en Bulevar Gálvez y Las Heras y el restaurante Cabaña Recreo.
Rosario3 se comunicó con Hernando, quien dijo desconocer que había sido mencionado en la investigación y negó los hechos aunque dijo que conoce personalmente al senador Hugo Rasetto. Se identificó como un militante radical desde 1983 y dijo ser empleado de la Cámara de Diputados de la provincia desde hace 32 años. De su profesión como abogado contó que sigue representando a Germán Lerche y tramita causas de derecho laboral y “algunas relacionadas a abigeato”.
Hasta la semana pasada Hernando no aparecía nombrado en la investigación sobre juego clandestino, por lo que la Fiscalía ya diligenció las primeras verificaciones. Seguramente será convocado por los fiscales para dar su versión de los hechos, al igual que el senador por Iriondo Hugo Rasetto. Cabe destacar que se trata de hechos que ocurrieron hace 4 años y que podría resultar dificultoso demostrar un cohecho o extorsión como el relatado, lo cual no quita que si se profundiza esa línea investigativa asomen otras revelaciones sobre el vínculo que Enrico atribuyó al empleado legislativo con la organización que manejaba el juego clandestino.
En 2017, en el programa ATP del canal Cable & Video de Santa Fe ciudad, Enrico dijo: “Al senador Rasetto lo denuncia un delincuente. El doctor Rossini es un delincuente. Defiende a la mafia de los casinos clandestinos. El senador Rasetto denunció a los casinos clandestinos en su departamento y le devolvieron con una denuncia inventada. Lo coimearon. 70 mil dólares le pidieron para bajar la denuncia inventada por este abogado Rossini. Está implicado un empleado legislativo en esa mafia".
Rossini es de Cañada de Gómez y es el abogado defensor de Leonardo Peiti, hoy imputado en varias causas como el principal capitalista de una organización de juego clandestino que tenía cobertura judicial y política en la provincia. La semana pasada Enrico ratificó esas acusaciones en los micrófonos de Radio 2; al día siguiente pidió salir al aire Rossini, quien cuestionó al senador de General López y dijo que demandará al legislador por sus afirmaciones.
Enterados de que existía el video de aquellas declaraciones, los fiscales del juego clandestino convocaron a Enrico para que diera detalles de lo que decía conocer. “Fui invitado a dar un testimonio en la causa en relación a declaraciones que hice en un reportaje de 2017 donde daba cuenta de las presiones que estaba recibiendo el senador por Iriondo luego de haber denunciado a las salas de juego clandestino que había en su departamento, y que empezó a recibir denuncias, y descalificaciones, y amedrentamientos de un profesional vinculado a las salas de juego, que es el doctor Rossini. En ese contexto me invitaron a dar testimonio para ver si esa situación podía tener relación con su investigación”, dijo Enrico a Rosario3.
Una de las preguntas que le hicieron en la entrevista, que quedó registrada en video, es si era Paulichenco el empleado legislativo al que había aludido como miembro de “una mafia” y que vinculaba al abogado Rossini. Fue en ese contexto que Enrico dijo que no y aportó el nombre de Hernando, que figura como empleado de la Cámara de Diputados. Consultado para esta nota, el senador ratificó las acusaciones contra Rossini pero prefirió no confirmar el nombre del empleado legislativo a la espera de que sea la Justicia la que decida los pasos a seguir.
Hasta el momento, la única referencia que había en la investigación a un “empleado legislativo” era Paulichenco a partir de una escucha telefónica difundida en diciembre pasado en una audiencia judicial, en la que el fallecido secretario parlamentario le dice a Peiti: "Che si vos vas para... el viernes traeme plata", el empresario del juego le responde: "Dale, mandame audio, dejá de hablarme por teléfono que vamos a terminar todos en Cincinati demente, dale". A partir de ahí es que se dio por entendido erróneamente que el empleado legislativo que había mencionado el senador Enrico era Paulichenco. Había otro.
El diálogo entre Paulichenco y Peiti es parte del cúmulo de pruebas reunidas por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que llevaron a prisión preventiva a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, a la imputación, entre otros, del empleado del MPA Néstor Ugolini y a Peiti, y a pedir el desafuero del senador por San Lorenzo Armando Traferri que no prosperó por el rechazo de dos tercios de la Cámara de Senadores.
Siendo presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, el senador radical tuvo un papel destacado dentro de la mayoría calificada de la Cámara de Senadores que sesionó para rechazar el pedido de desafuero contra Traferri, bloqueando así la posibilidad de que pueda ser imputado como pretendía la Fiscalía, por considerar que las pruebas presentadas no eran consistentes con la figura de organizador de una asociación ilícita que se le pretendía imputar.
