Dos delegaciones anunciaron que visitarán Bolivia en los próximos días: una compuesta por organizaciones sociales y de derechos humanos de la Argentina, que buscará recoger denuncias de abusos y violaciones por parte del gobierno de facto, y otra del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que intentará avanzar "un diálogo y la pacificación del país".
"Bolivia está bajo un gobierno de facto, una dictadura cívico militar y ha impedido comunicaciones para saber qué es lo que está sucediendo, por eso es fundamental la tarea que vamos a hacer", explicó el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois en una conferencia de prensa en Buenos Aires al anunciar la salida de la delegación el jueves próximo.
De la misión participarán miembros del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la Correpi, Alejandro Rivero y Sergio Smietniansky, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), y otros abogados y especialistas en violencia de género.
La abogada Gabriela Carpinetti, una de las personas que viajará, adelantó que van a "elaborar un registro de denuncias". "El mayor problema es que ni siquiera hay garantías para quienes quieran denunciar violaciones a los derechos humanos; si querés denunciar te persiguen", explicó en la conferencia de prensa en la sede del Serpaj.
Durante los dos días que estarán en Bolivia, se reunirán con integrantes de las comisiones de derechos humanos de las cámaras de Senadores y de Diputados, con la Defensoría del Pueblo y con organizaciones sociales.
En paralelo, el Parlasur anunció que mañana miércoles viajará una misión a Bolivia para ayudar a generar "diálogo" y a lograr la "pacificación" del país.
El presidente del organismo, el uruguayo Daniel Caggiani, informó a la agencia de noticias EFE que la delegación estará compuesta por cuatro personas: la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la argentina Cecilia Marchán; el paraguayo Ricardo Canese, la brasileña Fernanda Melchionna y el uruguayo Carlos Reutor.
El objetivo será avanzar un "diálogo y la pacificación del país" a través del apoyo a unas elecciones "libres, secretas y obligatorias", que tengan un "resultado que sea transparente y respetado por todos".
La delegación se reunirá con miembros del gobierno interino, del Movimiento al Socialismo (MAS) del derrocado Evo Morales, con movimientos sociales y con defensores de derechos humanos.
Desde los días previos a la renuncia y denuncia de golpe de estado de Morales, más de 30 bolivianos murieron por la represión de las fuerzas de seguridad y, en unos pocos casos, por enfrentamientos violentos entre seguidores del presidente derrocado y sus opositores.
Además, cientos de personas resultaron heridas y más de mil fueron detenidas.
