La disputa entre los vecinos de Pichincha y la Municipalidad de Rosario sumó un nuevo capítulo. La Justicia rosarina ordenó al municipio que aplique sanciones “más eficientes” a los bares de Pichincha que no cumplen con la normativa vigente. Desde 2017 se labraron más de dos mil actas de inspección, la mayoría por ruidos molestos y exceso de personas.
Aunque el juez en lo Civil y Comercial Pedro Boasso reconoció el trabajo de control de la Municipalidad en Pichincha, este lunes ordenó al Palacio de los Leones que reformule el régimen de sanciones ya que los apercibimientos que aplicó hasta ahora no fueron suficientes para que los bares respeten la normativa vigente.
“El poder de policía que la Municipalidad de Rosario debe ejercer debe ser eficaz, de lo contrario queda circunscripto a un simple control formal que no cumple con su finalidad esencial: aplicar sanciones que posean un verdadero efecto disuasorio a los fines de que las mismas no se repitan”, argumentó.
Boasso le dio, además, a la Municipalidad 120 días de plazo para reorganizar el esquema de sanciones que comenzarán a pasar desde que quede fijo el fallo.
Desde 2017 se labraron 2160 actas, la mayoría por ruidos molestos, bares con mayor capacidad de la permitida, música fuera del horario habilitado y violación de clausura impuesta.
Para el juez “puede y debe ser posible la coexistencia de un ámbito de recreación gastronómica enmarcado en un desarrollo sustentable y el derecho a la calidad de vida de los residentes en ese ámbito geográfico”.
Sin embargo, señaló que “las sanciones actualmente vigentes para reprimir el incumplimiento de la normativa analizada no resultan eficaces”.
