La Cámara Laboral de Rosario declaró inconstitucional la Ley 13.807, que otorgó el poder sancionatorio de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación a la política, y por ende inhibió a la Legislatura para avanzar con el sumario administrativo contra el fiscal Adrián Spelta, jefe de la Unidad de Homicidios de Rosario, para quien la semana pasada solicitaron 90 días de suspensión por una decisión judicial de 2018.
Tras una presentación del fiscal, patrocinado por el abogado Hernán Martínez, este viernes los jueces Lucía Assef, Adriana Mana y Fernando Marchionatti señalaron que la norma invade la división de poderes.
"Se ha lesionado en forma actual el derecho del amparista a ser juzgado por tribunales idóneos, violando la garantía del juez natural", señalan los jueces en su resolución, que advierten que la autonomía del Ministerio Público de la Acusación "se ve vulnerada por la injerencia de un poder extraño incluso al Poder Judicial (en referencia al legislativo)".
"Y es arbitrario e ilegítimo que las funciones de acusación, investigación y sanción estén concentradas en un solo poder, que como lo dije en Narvaja y Mac Cormack –casos anteriores–, no está integrado en principio por expertos en derecho penal, procesal penal y constitucional, desde que ignora los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que terminaron anulando fallos de la Corte provincial con las consecuentes reparaciones económicas", amplían.
Los camaristas indican también que "la vaguedad semántica del término «mal desempeño» asimilable a las «causas graves de orden técnico» , no especificadas, como la que aquí se juzga –como una de las causales de remoción de los fiscales–, que no les permiten tener pautas claras a las cuales sujetarse para cumplir adecuadamente su función".
"Se sometería a los fiscales a un juicio exclusivamente político sin serlo abiertamente, que por la integración del cuerpo –cuya calidad institucional, insisto, no es cuestionada y se destaca– que los habrá de juzgar no ofrece las mismas garantías que, por ejemplo, el proceso de enjuiciamiento al que pueden ser sometidos los jueces", dice la resolución, sobre la Ley que fue aprobada en diciembre de 2017 sobre tablas –sin debate previo ni en el recinto–.
Sesión conjunta
La Comisión de Acuerdos emitió el miércoles un dictamen, firmado por todos los bloques, en el que pide a la Asamblea Legislativa votar –como sanción– una suspensión por 90 días del fiscal Adrián Spelta. La sesión conjunta está prevista para el 1 de octubre.
Es por la domiciliaria o libertad asistida de Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval que acordó en 2018 y que revisaron al menos dos jueces, uno de ellos Hernán Postma, por quien un tribunal conformado no avaló avanzar con un jury por esa actuación.
A Spelta, entonces, lo investigaron años después sólo a partir del desenlace, que fue el crimen de Sandoval en la casona de La Florida, y no antes. La sanción puede llegar en medio de un juicio por gatillo fácil en el que pidió perpetua para dos policías y otras 17 condenas por el resonante doble asesinato de Callao y Arijón.
De los fiscales investigados como Mauro Blanco (Venado Tuerto) o Gustavo Ponce Asahad (imputado y detenido por corrupción), Spelta es el único que no tiene una causa penal en contra. Cuenta, además, con el apoyo explícito de sus colegas por intermedio de la Asociación de Fiscales, que envió una nota a la Legislatura.
