El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta se refirió a la escalada de violencia que atraviesa Rosario en medio del discurso que brindó durante la apertura del año judicial, que se llevó a cabo este miércoles en los Tribunales provinciales, donde hubo un fuerte operativo de seguridad. “En la desigualdad está la base del problema. Hay que acortar las distancias sociales”, remarcó.
“He tratado de reflexionar y de hacer un llamado a los distintos niveles del Estado, a la política y a las instituciones intermedias. Hay que asumir el problema complejo y tratar de sacarlo de la agenda electoral para trabajarlo a largo plazo”, indicó en contacto con la prensa.
Para Erbetta, actualmente “vivimos momentos muy difíciles”, donde comenzó a escuchar dentro del Poder Judicial que hay un sector que aboga por la pena de muerte. “Hay que bajar un cambio, pisar la tierra y no confundirnos. En la desigualdad está la base del problema. Hay que acordar las distancias sociales, hacer un abordaje multiagencial con sus principales actores, que son la policía, la cárcel y los fiscales. Y se necesita que la política discuta reformas”, afirmó.
“Este año celebramos 40 años de una historia muy triste y negra para la Argentina. En estos 40 años la democracia dejó muchas deudas pendientes. El Poder Judicial y la política atraviesan una crisis de representación y de confianza”, concluyó.
Durante la apertura del año judicial estuvieron también los cortesanos santafesinos Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y el Procurador General, Jorge Barraguirre.
El discurso de Erbetta sobre la violencia
En una de las últimas partes de la alocución, el presidente de la Corte indicó que “lamentablemente, Rosario presenta características especiales entre las que destaca que prácticamente más del 72 por ciento de los homicidios están asociados a economías delictivas o de organizaciones criminales, solo un 4,9 por ciento son en ocasión de robo, y cerca de un 80 por ciento se han cometido mediante el uso de armas de fuego, resultando que un alto porcentaje de homicidios, junto a extorsiones, balaceras y otros delitos han sido ordenados directamente desde las cárceles provinciales o federales”.
“Como todo problema social obviamente quienes más resultan afectados por este estado de cosas son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13 por ciento del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro. Es que en una sociedad postindustrial el desempleo no es solo un atentado a la subsistencia, sino, más grave aún, a la construcción de identidad. Y esto bajo ningún punto de vista supone equiparar pobreza con delito; hablamos de exclusión y marginalidad, que es algo distinto. Por su parte, el delito existe en todas las capas sociales, aunque se visibiliza más en sectores de menores recursos como consecuencia natural de la selectividad estructural de los sistemas penales”, enfatizó.
Según la mirada de Erbetta, “la crisis de seguridad no es nueva, aunque tiene una marcada tendencia a agravarse y complejizarse. El delito y su control deben ser abordados en su conjunto y en término de procesos históricos. Por un lado, la policía, los fiscales y la justicia, también la cárcel; por el otro, los mercados locales de drogas, sus vinculaciones con los mercados legales y especialmente la dimensión financiera, el lavado, las armas y la violencia asociada a estos fenómenos”.
“La violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales. El problema de Rosario en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales. Y aun cuando allí está la genealogía de esta complejidad, que no es nueva, sino que lleva años, lo cierto es que la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no solo para disputar el mercado interno de drogas, sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos”, amplió.
A su vez, el cortesano sostuvo: “En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales”.
Para Erbetta, el actual estado de situación “obliga a reflexionar sobre una nueva lógica”. “No se trata solo de más policías, patrulleros o tecnología, no es un problema cuantitativo. Del mismo modo, tampoco podrá aprovecharse la designación de más fiscales federales si no se modifican sus procesos de trabajo, sistema de investigación y enjuiciamiento. Por su parte, y reparando en la historia, la ocupación territorial por fuerzas federales podrá traer un apaciguamiento temporario, cuanto menos hasta tanto permanezcan, pero es ese el tiempo urgente que debemos aprovechar para ajustar muchas variables que nos competen a los poderes públicos y a los actores políticos e institucionales de la provincia, fundamentalmente para construir más Estado, más institucionalidad porque solo con un Estado fuerte, con instituciones fuertes y con decisiones políticas de consenso podremos afrontar el desafío que tenemos por delante”, destacó.
