En consonancia con la decisión de mantener los mecanismos de asistencia del Estado a las empresas para garantizar el pago de salarios y fijar esquemas consensuados de suspensiones de personal, en la administración de Alberto Fernández admiten que ya se evalúa la alternativa de extender por lo menos hasta fin de año la prohibición para efectuar despidos sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo durante la emergencia sanitaria.
Esa medida rige desde principios de abril, casi al comienzo de la cuarentena, y es renovada cada bimestre mediante un DNU: ahora su vigencia está establecida hasta el próximo 30 de septiembre, pero en el Gobierno descuentan su prórroga aunque con algunas limitaciones en sus alcances generales "La idea que trabajamos es ir bajando la intensidad de esa medida de a poco. De hecho, es lo que estamos haciendo con el programa ATP y su reconversión en etapas desde la ayuda para pagar sueldos a los créditos a tasa subsidiada", explicaron desde la cartera laboral.
Al respecto, recordó que el último decreto de mes de julio que renovó la prohibición de despedir redujo el universo de aplicación de la medida al definir que la misma no rige para el caso de los nuevos contratos laborales definidos tras la entrada en vigencia del DNU.
Si bien entre los colaboradores del jefe de Estado indicaron que aún no está definida la fecha hasta la que se extendería la prohibición de despidos y suspensiones tras el vencimiento del plazo actual del 30 de septiembre, aseguraron que tendrá una correlación directa con los plazos de vigencia del ATP y el resto de la asistencia estatal para preservar el empleo.
"Todavía no lo tenemos totalmente diseñado pero vamos a ir siguiendo una política similar" con el decreto antidespidos, comentaron los voceros del Gobierno consultados. En ese sentido, argumentan que justamente fue el "cóctel" de medidas dispuestas por la Casa Rosada lo que impactó en forma positiva para evitar una caída mayor del empleo, y no una única decisión.
"Es que no podíamos prohibir los despidos y las suspensiones sin pago si no dábamos a la par asistencia a las empresas que estaban cerradas. Las dos cosas no salieron temporalmente juntas de casualidad, fueron diseñadas en conjunto: prohibamos los despidos y generemos un mecanismo de asistencia a las empresas para que puedan pagar los salarios", remarcaron.
Desde el Gobierno destacaron que los datos sobre la evolución del empleo privado formal a partir de junio evidenciaron los efectos de las medidas oficiales. Durante ese mes, según la información del SIPA, el empleo asalariado formal registró una caída mensual de -0,1%, marcando una desaceleración de la caída medida en los meses previos.
En marzo, el empleo asalariado privado había caído -0,7%, lo que implica la destrucción de 41.000 puestos, mientras en abril el recorte había alcanzado -1,7% (102.000 empleos menos) y en mayo la pérdida de puestos alcanzó a 20.000 empleos, lo que representó un deterioro de -0,3%.
En el gabinete afirman que los datos de julio y especialmente los de agosto confirmarán un escenario de freno en la destrucción de puestos, aunque admiten que aún no se verifica un escenario de creación de empleo.
