El dictador español Francisco Franco (1892-1975) será exhumado y trasladado al cementerio de Mingorrubio, en las afueras de Madrid, el jueves que viene. Pasados 44 años de su muerte, su tumba en el Valle de los Caídos es motivo de polémica en la democracia española porque es una monumento estatal donde se encuentran los restos de miles de combatientes republicanos.
Según informó EFE, el proceso de exhumación será llevado a cabo este jueves a las 8.30 GMT. A esa hora, en un marco de “dignidad y respeto” –como prometió el gobierno de Pedrio Sánchez– se procederá a sacar los restos de Franco de la tumba, situada a los pies del altar mayor de la basílica de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, el monumento más simbólico del régimen militar que implantó tras ganar la Guerra Civil española (1936-1939).
El gobierno español decidió trasladar al dictador basado en una reforma de 2018 de la ley de memoria histórica y avalado por el Tribunal Supremo, que rechazó un recurso de los familiares más próximos de Franco, sus nietos.
En el Valle de los Caídos también tiene sepultura también cerca de 34.000 personas que fueron víctimas de ambos bandos de la guerra.
Pasados 44 años de la muerte de Franco, su tumba en el Valle de los Caídos es motivo de polémica en la democracia española porque es una monumento estatal, él no murió en la contienda y en la misma basílica están los restos de miles de combatientes republicanos, los perdedores de la guerra, llevados allí sin el consentimiento de sus familias.
Tanto la exhumación como la reinhumación se efectuarán en la intimidad, en presencia de sus allegados. Durante el traslado y entierro estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino de España.
El Ejecutivo argumenta que ha defendido desde el principio del procedimiento que "los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la ley de memoria histórica".
Igualmente, destaca que la sentencia "firme y unánime" del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre "puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos".
Sánchez señaló, tras conocerse el fallo judicial, que de "esta manera se cerraba simbólicamente el círculo de la democracia española", concluye el comunicado oficial.
