El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta afirmó que el proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años es “más publicitario que instrumental” porque “no es una solución al problema que se procura evitar”. Además, aseguró que el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei “se autodescalifica” y “es muy difícil que una Corte de Justicia pueda validarlo”.
“Los niveles de impacto e incidencia de los menores de 16 años en la comisión de hechos graves son prácticamente contados con la mano. No constituyen un problema. O no es una solución al problema que se procura evitar. Si se piensa que bajando la edad de la imputabilidad van a controlar la inseguridad, están equivocando el camino. Estas ya son recetas que se han probado, nunca tuvieron resultados”, dijo a Rosario3 el además abogado especialista en derecho penal.
Sobre el mega decreto 70/2023, Erbetta definió: “No es un DNU, es una ley disfrazada de DNU y, por lo tanto, como proyecto de ley es francamente inconstitucional”.
“Está por fuera de cualquier molde en orden a lo que es la exigencia constitucional. Cuando se reformula la Constitución en 1994 y se previó la posibilidad de que de manera muy excepcional, el Ejecutivo asumiera una función que es contranatura, porque legislar no es una función propia, el sentido de la norma constitucional fue para casos muy puntuales, limitados, justificados, en donde hubiera una necesidad y urgencia”, analizó el ex presidente del máximo órgano judicial de Santa Fe.
“Un DNU –continuó– nunca puede abarcar materias de tan diversa naturaleza. Se autodescalifica por su propia dimensión y por las circunstancias de tocar temas que no tienen ningún punto de contacto entre sí, más allá de alguna filosofía común que los inspira. Por ejemplo, ¿cuál sería la urgencia de convertir en sociedad a los clubes de fútbol? Este DNU no resiste el más mínimo análisis. Es muy difícil presumir que una Corte, como intérprete último de la Constitución, pudiera validarlo”.
Imputabilidad y mapeo del delito
–El gobierno impulsa, a través de su ministro Mariano Cúneo Livarona, un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. ¿Cuál es su postura con respecto a eso?
–Pueden avanzar con un proyecto porque eso es una competencia del Congreso de la Nación. Aquí, en la provincia, se ha sancionado una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil donde se prevé una instancia para los menores de 16 años, la posibilidad de un juicio de responsabilidad. Pero, en principio, creo que la propuesta de bajar la de la imputabilidad tiene un efecto más publicitario que instrumental. Con los datos en mano de cuáles son los niveles de impacto de incidencia de los menores de 16 años en la comisión de hechos graves son prácticamente contados con la mano. No constituyen un problema. O no es una solución al problema que se procura evitar. Si se piensa que bajando la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años y haciendo responsable a un menor de 16 años se va a controlar el problema de la seguridad, están equivocando el camino. Estas ya son recetas que se han probado, de hecho en algún momento se utilizaron, nunca tuvieron resultados.
El problema de la violencia, la conflictividad, el delito violento y económico no se modifican con leyes. Se modifican con otro tipo de políticas, primarias y específicas de seguridad. Me parece bien que el Congreso lo discuta, yo soy muy pesimista en cuanto a que esto pueda acarrear alguna solución que se procura encontrar. No creo que vaya a tener impacto en el control de la criminalidad o en la reducción de delito. No solo no lo creo, sino que la experiencia y la dimensión histórica demuestran que no tiene ningún impacto en el control de delitos. Son otras las políticas que hay que pensar para controlar la dinámica de la conflictividad penal.
En Santa Fe, homicidios que han comprometido a menores de 16 años prácticamente no tienen ninguna incidencia, ningún impacto
–Pero son proyectos que cada tanto reaparecen.
–Reaparecen en el debate político de manera espasmódica cuando se produce algún hecho en el que interviene un menor. El otro día pedía los datos aquí en la provincia de Santa Fe, homicidios que han comprometido a menores de 16 años prácticamente no tenían ninguna incidencia, ningún impacto, como tampoco durante el año 2023 tuvo una incidencia relevante los homicidios en ocasión de robo, la mayoría de los homicidios estuvieron vinculados a disputas por mercados, ilegales fundamentalmente por economía delictivas vinculadas al mercado de la droga.
–Eso viene con porcentaje sostenido arriba del 70% hace unos años.
–Hace mucho tiempo, es un problema que ya lleva varios años en la provincia de Santa Fe y que además está muy focalizado en Rosario. En el año 2023, tuvimos una tasa de homicidios en el departamento Santa Fe relativamente baja: hubo 66, con una tasa relativamente normal. Ni hablemos de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto que tuvieron casi una tasa, apenas superior a Canadá. El problema está muy focalizado en la ciudad de Rosario y en la región Rosario, que tuvo una tasa más bien brasilera con cerca de 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando uno se dispone a pensar en políticas públicas de intervención, tiene que tomar en cuenta estos datos. No es lo mismo lo que está pasando en Venado Tuerto que lo que está pasando en Rosario.
En el departamento Reconquista, hay muy pocos homicidios pero hay una suba de delitos sexuales
–¿Volvemos a la idea de tener que mapear la provincia con sus particularidades?
–Claro, hay que evaluar las diferencias: primero contextualizar y después desagregar. Por ejemplo, hay regiones donde aumentan los delitos sexuales. En el departamento Reconquista, hay muy pocos homicidios pero hay una suba de delitos sexuales. ¿Qué quiere decir?: yo no puedo prevenir lo que no conozco. La provincia es muy extensa, hay distintas idiosincrasias. A veces influyen cuestiones culturales. Entonces, vuelvo a repetir, no puedo prevenir lo que no conozco y para poder prevenir tengo que conocer y para conocer tengo que hacer investigación de campo y empírica que no le hacen los abogados. No solo investigación cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué en Reconquista hay más delitos sexuales y por qué en Venado Tuerto, a lo mejor, hay más hurtos o robos y por qué en Rosario hay tantos homicidios? Siempre es fundamental tener estos diagnósticos para poder disponer estrategias de intervención.
Presupuestos y creación de juzgados
-Entonces, al analizar esa disparidad, ¿el reclamo del Poder Judicial santafesino no es más juzgados o jueces en todo el territorio? En Rosario, por ejemplo, ¿qué recursos hacen falta?
-Nosotros nunca pedimos más recursos sino es en función de las necesidades de cada región y de cada fuero. En Rosario hacen falta recursos pero depende dónde. Vamos a comenzar por el principio. Los recursos que tiene el Poder Judicial de Santa Fe son todos creados por la Legislatura. Nosotros no creamos nuestros propios recursos. El impacto presupuestario del Poder Judicial de Santa Fe es bajísimo, en el año 2023 creo que anda en el 3,5% del total. El presupuesto de la Corte Nacional es levemente superior al de todo el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.
Se han creado juzgados sin que hubiera una carga de trabajo que lo justificara
Hay regiones de Santa Fe donde se han creado juzgados sin que hubiera una carga de trabajo que lo justificara, pero no fueron propuestos ni pedidos por el Poder Judicial. Fueron creados por la Legislatura. Nosotros hoy tenemos necesidades en Rosario sí, en el fuero de familia, en el fuero laboral. Pero fundamentalmente en cuestiones extrajurídicas. Nosotros necesitamos contar con recursos altamente capacitados en materia económica financiera para prevenir el delito económico y tener estructuras adecuadas en la investigación.
Necesitamos contar con recursos altamente calificados en materia de evaluación de riesgo de violencia, de prevención, de violencia familiar. Necesitamos trabajadores sociales, psicólogos, pero calificados. Necesitamos contar con recursos humanos vinculados a la materia informática. Nosotros no pedimos en donde no necesitamos. La Corte debe sentarse con el Poder Ejecutivo, con el área de justicia, y evaluar estas cosas porque nadie mejor que nosotros conoce el terreno en el que lo manejamos. Disponemos de datos, no solo cuantitativos, también cualitativos. Ya que hay tantos vientos de reforma, me parece bueno que se aproveche esta posibilidad y que se aproveche el know how que tiene el Poder Judicial para poder opinar precisamente de su propia experiencia.
