Tras el anuncio hecho por el gobierno nacional en marzo pasado –después de los atentados y crímenes “narcoterroristas”–, desde este lunes comienza a implementarse el nuevo sistema acusatorio en la Justicia federal de Rosario. En el primer día de implementación está prevista la presencia en la ciudad del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich.
De acuerdo a la agenda del Ejecutivo nacional, a las 15.30 ambos ministros participarán de distintas actividades relacionadas al comienzo del renovado Código Procesal Penal Federal y luego brindarán una conferencia de prensa en la facultad de Derecho de la UNR con detalles del mismo.
Entre los principales puntos del nuevo Código, está que los fiscales reemplazarán a los jueces de instrucción en la dirección de las investigaciones contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Los magistrados, con este cambio, únicamente garantizarán que se cumplan las leyes durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.
Hasta ahora rigió el “sistema mixto” en la Justicia federal (regido por el actual Código Procesal Penal de la Nación o CPPN), según el cual los jueces federales alternaron su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal. Con resabios inquisitivos, ese sistema es el que se aplica actualmente a nivel federal en la mayor parte del país y, también, para los casos que tramitan ante la justicia nacional.
El nuevo Código Procesal Penal Federal, en cambio, establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los jueces controlan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso esbozada por las partes. Exige una rígida separación de funciones.
En este marco, los fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, ese mismo fiscal –otra novedad del nuevo sistema acusatorio– deberá eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces, en tanto, se garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.
Según publicó el sitio web Fiscales.gob.ar, todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas –donde se concentra la mayor actividad procesal posible– y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces. Se trata de una herramienta digital en la que el órgano acusador público registra la actividad investigativa desarrollada bajo los principios de lealtad procesal y objetividad, junto con el resultado de las medidas practicadas. Esta es otra gran diferencia con el sistema mixto, en el que la etapa de instrucción tramita exclusivamente por escrito y sus constancias son incorporadas a un expediente de libre acceso para el órgano judicial.
En efecto, en el marco del CPPF, quien juzga durante la investigación preparatoria de un caso es el juez o la jueza federal de garantías que interviene en un caso exclusivamente cuando las partes promueven alguna actividad o planteos que requieren la intervención de la autoridad judicial, y conocen el caso a partir de la información que proporcionan las partes. Por su parte, los jueces con funciones de revisión resuelven las impugnaciones durante esa etapa y realizan las audiencias de la etapa intermedia (audiencias de control de acusación).
La etapa de juicio está a cargo de los jueces con funciones de juicio, que continúan agrupados en tribunales. Las novedades introducidas por el CPPF para esta etapa radican fundamentalmente en una marcada contradicción para introducir información y producir prueba en el contexto de absoluta inmediación del juzgador.
Las partes presentan sus casos mediante la realización de alegatos de apertura, examinan y contraexaminan a los testigos y peritos, y luego de producida la prueba concluyen con un alegato de clausura y petitorios. Luego de la deliberación, los jueces se pronuncian acerca de la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas y, si determinan alguna responsabilidad penal en el hecho, de inmediato se realizará un nuevo debate, esta vez para determinar la pena que se impondrá.
Todo el proceso, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total, con el siguiente detalle:
⦁ Investigación preliminar: duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga.
⦁ Etapa intermedia: hasta 30 días de extensión.
⦁ Etapa de juicio oral: hasta cinco meses.
En cuanto a los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el CPPF establece la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y una potencial duración máxima –para completar todo el proceso– de 6 años.
Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso –en el marco del sistema estrictamente acusatorio– de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.
Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.
El nuevo código además le asigna al MPF el rol de procurar el decomiso de los bienes que hayan servido para cometer el hecho y, en la aplicación de formas de finalización de los casos como la suspensión del proceso a prueba o la reparación integral, promover soluciones que redunden en formas concretas de recomposición para quienes resultaron directamente afectados y/o para la comunidad en general.
Una nueva organización
Por otro lado, la organización del MPF también cambia: las fiscalías, que en el sistema mixto funcionan en espejo con los órganos jurisdiccionales (esto es, existen tantas fiscalías como juzgados y cada fiscalía actúa casi exclusivamente ante un tribunal pre-establecido), desarrollarán su actividad mediante una única unidad fiscal por cada jurisdicción, que asigna, organiza y distribuye sus recursos conforme criterios vinculados con la efectividad de su intervención.
La representación del Ministerio Público en el distrito Rosario se organizará a partir de la Fiscalía de Distrito Rosario, integrada por las unidades fiscales de Rosario y Santa Fe y las sedes descentralizadas de Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, San Lorenzo y San Nicolás (esta última, ubicada en la provincia de Buenos Aires). Las unidades fiscales dividirán su trabajo en diferentes áreas de gestión: Atención inicial, Investigación y litigación de casos sencillos, Investigación y litigación de casos complejos, Área no penal, Atención a las víctimas, Transición y Ejecución penal.
Además, continuarán en funcionamiento las unidades especializadas pre-existentes, como las que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad, o las delegaciones regionales de las procuradurías temáticas que ya cuentan con representación en el distrito. Ellas son:
⦁ Delegación Regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)
⦁ Delegación Regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
⦁ Oficinas de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado
⦁ Oficinas de la Delegación Regional de la Dirección General de Acceso a la Justicia
Las claves del nuevo sistema
Oralidad: El expediente en papel desaparece y los planteos que realizan las partes son resueltos por el juez en audiencia.
Contradicción: Es el método de conocimiento para el descubrimiento de la verdad, mediante el que las partes, desde posiciones equivalentes, plantean su visión del caso al juez o tribunal, que decidirá con imparcialidad y solo con la información que le proporcionen las partes. El juez no puede suplir la actividad de las partes, y debe considerar sólo lo que hayan discutido.
Concentración: Debe desarrollarse la mayor actividad procesal posible en audiencias multipropósito. Su interrupción solo puede suceder por razones debidamente justificadas.
Inmediación: La prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces, quienes luego, en función del conocimiento adquirido y los planteos que reciban deberán adoptar decisiones.
Publicidad: Las audiencias podrán ser presenciadas por la ciudadanía, salvo que se acredite algunas de las excepciones contempladas legalmente.
Simplicidad y celeridad: Las etapas del proceso tendrán plazos breves y se desarrollarán de manera ágil y dinámica, sin demoras innecesarias, procurando únicamente obtener la información útil para la solución del caso.
Desformalización: Las investigaciones se llevarán a cabo de manera eficiente, sin ritos excesivos que atenten contra la eficacia de las medidas adoptadas.
