El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se trataba en el Senado de la Nación este martes, en donde los legisladores votaban no sólo por la legalización sino también por otros puntos como el conocido Plan de los Mil Días de acompañamiento para mujeres embarazadas.
En ese marco, se conoció un informe actualizado y presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en el que se reporta que un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
El informe fue remitido al Senado, que está a horas de emitir su veredicto tras la media sanción de la Cámara de Diputados, para que sus integrantes "cuenten con información rigurosa" sobre la situación, destacaron voceras de la ONG a Télam.
"Le hicimos llegar el documento a las y los senadores, a quienes invitamos a cuidar la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que este informe sea tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión", sostuvieron.
Es hoy.
— CELS (@CELS_Argentina) December 29, 2020
Es ahora.
El aborto legal, seguro y gratuito #SeráLey.#AbortoLegal2020#EsAhoraSenado
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Los datos del informe
El informe asegura que las mujeres criminalizadas "son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias", y por tanto señala que "ya habían vivido la falta de acceso a derechos".
"La mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial", explicó la vocera del CELS que además denunció "violaciones de sus garantías" y que en los hospitales "la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales".
"La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud", añadió.
⚠️¿A quiénes persigue el Estado? ¿A todes les que abortan? No. Solo criminaliza a mujeres cis pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijes, que viven en condiciones habitacionales precarias. Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos. pic.twitter.com/b8WHJrRGey
— CELS (@CELS_Argentina) December 28, 2020
La investigación detectó también allanamientos "sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, las y los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto".
El documento fue elaborado con datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad, tomados de provincias como Santa Fe, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Salta, Buenos Aires, y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
