El gobierno provincial pide a la Justicia “una doctrina única” en su plan de endurecer las condiciones de detención

El gobierno de Santa Fe busca certezas para avanzar con su proceso de ordenamiento y endurecimiento de las condiciones de detención de casi 12 mil personas, un universo carcelario que crece de a cinco presos por día y que origina todo tipo de pedidos que la administración central pretende simplificar.

Ese es el trasfondo de la nota formal que el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, elevó este viernes a la flamante Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria para saber de antemano cuáles son los criterios para otorgar la libertad condicional o salidas transitorias de algunos de los detenidos.

El texto solicita al cuerpo judicial integrado desde el miércoles por Mario Guedes, Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón que se “expida mediante opinión consultiva” si tres artículos del Código Penal son constitucionales o no. Y, en tal caso, definir cómo actuar. 

Un ejemplo concreto figura en el primer punto. Cococcioni reclama saber si la prohibición “de conceder la libertad condicional a los reincidentes” rige de forma total o parcial. No es solo un debate técnico, desde el Ministerio de Seguridad afirmaron a Rosario3 que si la Cámara considera que no se le puede dar ese beneficio a un reincidente entonces dejarán de responder esas solicitudes de forma inmediata.

“Por cada pedido se inicia un trámite que dura meses, se hacen estudios de impacto ambiental, reuniones, horas y horas de personal abocado a ese tema. Después depende del juez que toque, si es a favor empieza a salir pero si es negativo los abogados defensores lo vuelven a presentar y todo el proceso vuelve a comenzar. Es una lotería hasta encontrar al magistrado que le otorgue lo que piden”, explicaron desde esa cartera.

La nueva Cámara fue creada por este misma gestión (y con integrantes que fueron seleccionados por el gobernador Maximiliano Pullaro en un trámite no exento de cuestionamientos) y es exclusiva para temas carcelarios. El objetivo es trabajar con un solo criterio: tener “una doctrina única” para la provincia.

Una persona condenada a 30 años de prisión puede, en la actualidad, salir en libertad condicional después de cumplir 12 años o 17 o 17 y meses o 18, depende de la lectura judicial que se haga de las normativas. Y, en base a eso, se deben habilitar antes las salidas transitorias. Pero como no hay una única respuesta sino cuatro posibles, los planteos se multiplican y con ellos una burocracia desmedida.

Por el perfil del ministro y del gobierno, la búsqueda es endurecer las posturas. Es decir, no tramitar más los pedidos de libertad condicional de los reincidentes ni de los detenidos por otro delitos (especificados en los incisos 1 a 11 del artículo 14 del Código Penal). Pero aún si la Cámara respondiera otra cosa, con una postura más garantista (por el principio de resocialización), igual sería beneficioso para el sistema porque ordenaría a los actores y a sus reacciones. También para los presos, que hoy no saben cuándo pueden gozar de esos beneficios porque depende del juez o camarista que le toque.

En el tercer punto de la nota a la que tuvo acceso este medio, Cococcioni pide conocer la opinión de la Cámara sobre la “constitucionalidad y convencionalidad del artículo 56 bis de la ley nacional 24.660, en cuanto prohíbe conceder la libertad asistida cuando la condena fuera por los delitos mencionados en los incisos 1 a 11 de dicha norma”.

En cuarto lugar, pregunta por la “necesidad de seguir produciendo informes y dictámenes ante solicitudes de libertad condicional o asistida, en caso de mediar las causales obstativas cuya constitucionalidad y convencionalidad se somete a opinión consultiva”. 

“En consecuencia –agrega la misiva–, el pronunciamiento anticipado sobre los puntos requeridos deviene esencial para planificar la actividad de los organismos criminológicos, de los servicios sociales, de los servicios jurídicos y de los organismos directivos en el ámbito penitenciario, evitándose así dilapidar recursos en la confección de informes reiterados y vanos”.

Ante la actual pluralidad de criterios judiciales, los presos “tienen la posibilidad de insistir con pedidos denegados hasta lograr su concesión producto del azar en la integración del órgano jurisdiccional”. En otras palabras, el Ministerio pidió de manera formal certezas. “Que nos adelanten su criterio porque hoy el sistema es un corso”, resumieron.