El procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, aconsejó "que se disponga de una investigación administrativa a los efectos de dilucidar la posible comisión de irregularidades" del juez de Cámara, Guillero Laudet, quien dejó en libertad al financista Patricio Carey, imputado por lavado para un grupo narco.
Carey, uno de los titulares de la financiera Cofyrco, estaba imputado del delito de lavado de activos. Una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA, de jurisdicción provincial) le atribuyó vender 17 mil dólares al narcotraficante asesinado Marcelo “Coto” Medrano a cambio de más de dos millones de pesos de origen ilícito. Carey enfrentaba un pedido de pena de 5 años, solicitados por el fiscal de delitos económicos Sebastián Narvaja.
La Fiscalía ordenó la detención de Carey, que transitaba el proceso en libertad, en diciembre de 2022. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvo cuando arribó al aeropuerto de Ezeiza. El 7 de diciembre, la jueza Melania Carrara dictó una medida cautelar de prisión preventiva de 90 días, a instancias de un pedido fiscal que alegó entorpecimiento probatorio.
El viernes 6 de enero, al cabo de una audiencia de apelación de prisión preventiva, el camarista Llaudet falló a favor del financista, dictó su libertad y criticó el accionar de la Fiscalía: “Nuestro Código Procesal Penal (CPP) no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da gana”, razonó “en criollo”. Y sostuvo que, en este caso, la Fiscalía abusó de las facultades que le confiere el sistema penal acusatorio.
Tras esa decisión, Narvaja y la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren lo denunciaron acusándolo de tomar una decisión forzada y contradictoria, En la práctica, más que la liberación de Carey lo que molestó es que enviaron la causa al fuero federal.
Para los fiscales, el camarista no debería haberse pronunciado sobre la incompetencia en un caso que ya tiene tres ejecutivos de Cofyrco que firmaron procedimientos abreviados.
Y más bronca mastican porque, aseguran, la apelación estaba fijada desde el 20 de diciembre para el 8 de febrero con otro tribunal, pero tras dejar pasar el último mes del año, la defensa de Carey pidió la habilitación de la feria quedando un único juez de cámara disponible, que fue Laudet.
Ahora, Barraguirre aconseja -investigar lo realizado por Laudet y solicita además que se designe a un instructor, una postura que genera espacio a las hipótesis de que pudo haber irregularidades en la decisión de Laudet.
