El gobierno de Santa Fe realizó una presentación judicial ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investiguen irregularidades en la puesta a la venta de un inmueble perteneciente a una cooperativa de trabajo para personas con discapacidad.
Se trata de una vieja casona de 650 m2 que durante más de 30 años fue sede de la cooperativa Esperanza que trabaja con personas con discapacidad intelectual. En el lugar se fabricaban productos de limpieza y se hacían tareas de lavandería industrial. Además, contaba con una cancha de fútbol en el fondo que también se explotaba.
La denuncia surgió a partir de la presentación que hizo Juan Enrique Riz, quien se desempeñó como vicepresidente de la institución. De acuerdo al relato que realizó ante autoridades del ministerio, las actividades en el lugar funcionaban con normalidad hasta antes de la pandemia.
“Luego se cambió la comisión directiva, sin mi conocimiento, en forma irregular. Concurrí a la inmobiliaria a denunciar la situación, me mostraron papeles firmados y me dijeron que estaban en regla. Luego denuncié el hecho en la dirección de Cooperativas, donde también me muestran documentos firmados por integrantes de la cooperativa, y finalmente hice una denuncia penal”.
Ante esto, desde el ministerio detectaron que la maniobra inmobiliaria se estaba realizando sin que conste la participación de ninguna de las autoridades legalmente constituidas de la cooperativa. Ante esta información se acercaron a la institución para conocer los detalles del hecho y pudieron detectar que la propiedad había sido vendida y que quienes firmaban en representación de la cooperativa no eran autoridades inscriptas en el Registro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe.
"Hicieron una primera operación donde los firmantes no eran autoridades habilitantes para vender la propiedad, es decir no tenían el cargo de presidente, secretario ni tesorero. Esa venta fue a una persona que no sabemos si fue de buena o mala fe, es lo que está investigando la fiscal. Al mismo tiempo ya habían publicado la casa en venta para que la compre una tercera persona de buena fe", resumió a Rosario3 el secretario de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
En ese sentido, el funcionario agregó: "Cuando se ve el cartel de venta detectamos la maniobra hecha por una persona que era el síndico de esta cooperativa. Averiguamos en el registro de la propiedad y detectamos que las personas que firmaron la venta del inmueble no eran las autoridades informadas por lo que no pudieron nunca firmar la venta".
Ante esto es que se hizo la denuncia ante el MPA para que se determine o individualice a autores, coautores y/o instigadores y/o partícipes y/o cómplices de las presuntas irregularidades que se detallan en la presentación. “Se sustenta en la necesidad de determinar si se habrían llevado a cabo conductas que afectarían la administración pública, la fe pública registral, el derecho de propiedad y el orden socioeconómico”, detallaron.
La cooperativa Esperanza funcionó durante más de 30 años en esa vieja casona. Ya en 2019 una nota publicada por Eco 365, el portal económico de Rosario3, daba cuenta de la difícil situación económica que atravesaba el lugar a partir del incremento de los servicios.
“La situación económica nos está matando porque tenemos casi 20.000 pesos en servicios, es mucho lo que hay que vender para poder ir cubriendo eso, por ahí tenemos que acceder a planes de pago y no contamos con ningún tipo de subsidio”, aseguró en su momento Mónica Hutchinson, una de las coordinadoras de la cooperativa.
A partir de la pandemia la situación parece haberse complicado todavía más y el inmueble quedó desocupado.
