El titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, solicitó esta semana que vaya a juicio oral el excomisario Lucas Gabriel Nos, acusado junto a otras siete personas –entre ellos dos policías provinciales– de conformar una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes en el departamento Las Colonias.
Nos era uno de los jefes antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy llamada Policía de Investigaciones (PDI). Matías José Cosentini y María Belén Muratore se desempeñaban como suboficial y oficial, respectivamente, del mismo grupo de trabajo y también fueron considerados integrantes de la asociación. Además, la Unidad Fiscal identificó al "transa" Daniel Carlos Segovia como quien proveía de droga a los policías, mientras que Andrés Avelino Belizan, Andrea Delfina Córdoba, Rocío Guadalupe Córdoba y Sol Micaela Morel oficiaban de vendedores minoristas.
El fiscal acusó además a Nos y a Cosentini por llevar adelante maniobras de malversación de fondos, omisión de los deberes de funcionario y encubrimiento. En ese tramo de la investigación, está involucrado el por entonces subcomisario Rubén David Moyano, a cargo de la Unidad Regional de San Jerónimo, en Coronda. Por otra parte, Muratore está acusada también de haber confeccionado un documento público falso.
La investigación, dijo el fiscal, continúa con el objetivo de determinar otras responsabilidades de miembros superiores de la cúpula policial y de otros narcos, entre los que se encuentran dos individuos actualmente con pedido de captura.
De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal, Nos, Cosentini y Muratore conformaron una asociación ilícita que tenía como objetivo el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro en las localidades que conforman el departamento Las Colonias; fundamentalmente en su cabecera, Esperanza, aunque también se constató en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.
La asociación habría operado por lo menos desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, de acuerdo a la información que se pudo obtener del teléfono de Consentini.
“Los tres miembros de la AIC provincial nombrados, de manera planificada y coordinada, se han provisto de importantes cantidades de estupefacientes, siendo Segovia uno de sus principales proveedores, a quien le han abonado en efectivo grandes sumas de dinero, los que luego transportaron y distribuyeron entre distintos «búnkeres» o «kioscos de drogas» ubicados en distintas localidades del departamento Las Colonias (fundamentalmente en Esperanza), cuyos encargados luego comercializaron al menudeo”, indicó el fiscal Onel.
Marcó que los encargados de esos lugares no solo les abonaron a los policías mencionados el precio del material, sino que también les pagaron una “cuota” que funcionaba como una especie de “habilitación” para ejercer esa actividad y de “garantía/protección” en su accionar ilegal.
“Como contraprestación, los agentes policiales evitaron cualquier investigación propia y medida intrusiva en esos lugares y les han informado en torno a investigaciones de otras fuerzas y a las denuncias que surgían”, explicó el representante del MPF y destacó que ello se evidenció incluso en los resultados negativos de investigaciones abiertas en la Unidad Fiscal al respecto de puntos de venta de estupefacientes.
“Amigo metele con el kiosco no ay drama (sic) lo único que tengo que saber es el lugar donde va a estar puesto y quien lo maneja ... Así los cabezones lo anotan para laburar tranquilo ... Y fíjate si lo puede ir cerrando esta noche mejor”, manifestó en uno de los chats de la causa Cosentini, en referencia a cómo se armaban y articulaban los lugares donde se iba a vender el material.
“Se evidencia también de las conversaciones que, aquellos kioscos que no acordaban, aquellos que no abonaban esa ‘cuota’ en tiempo y forma, aquellos que se «excedían» de los términos acordados previamente con los policías aquí detallados y aquellos que incumplían sus «órdenes/mandas/modus operandi», eran los que resultaban seleccionados para ser denunciados penalmente por parte del Grupo de Trabajo Las Colonias y/o para impulsar investigaciones que transcurrieron con ‘resultado positivo’ en cuanto a infracciones a la ley de droga”, explicó el fiscal.
El objetivo de esos allanamientos era “sacarlos de circulación en el negocio”. Por su parte, indicó que la recaudación de la “asociación” se distribuía entre los miembros de la dependencia (Nos, Cosentini y Muratore), quienes mencionaban en las conversaciones que constan en la causa que parte del provecho económico obtenido “estaba destinado a escalas superiores de la cadena de mando policial”.
En uno de los audios que se extrajeron, se pudo escuchar a Cosentini mencionando concretamente el pago de “cuotas” o “quincenas”. En las conversaciones que se relevaron hay diálogos entre Cosentini y varios de los imputados civiles donde estos últimos oficiaban de “dateros” y brindaban información respecto a los puntos de venta de estupefacientes en Esperanza. Con base en ello, la Unidad Fiscal pudo establecer que incluso los policías mantenían actualizada una “lista” donde distinguían aquellos puntos que no se ajustaban a su modus operandi.
La investigación también logró reconstruir cómo los policías alertaban a los otros miembros sobre posibles procedimientos. “Amigo estamos con esto tene cuidado ... Avísale a la mina que no salga hacer Delivery nada que los gendarmes andan de civil ... Ya te voy a pasar la patente”, escribió Cosentini en una de las conversaciones recuperadas.
En el requerimiento se destacó que el direccionamiento del accionar implementado fundamentalmente en Esperanza se encontraba a cargo de Nos, quien aparece mencionado en las conversaciones como “el uno” o “el jefe”. En uno de esos chats, Andrea Córdoba preguntó por el valor de la “cuota”. “Eso háblalo con el jefe que es el que maneja los números”, le respondió Consetini.
