El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que, según los datos oficiales, entre enero y agosto de este año hubo un descenso del 76,4% de las denuncias por robos tanto de cable de alumbrado público como de metales ferrosos y no ferrosos en Rosario.
A través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la Provincia intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos. Durante estos meses se realizaron 49 inspecciones en el territorio santafesino, de las cuales 19 tuvieron lugar en la ciudad de Rosario. En todos los casos, el resultado de cada operativo derivó en la clausura de cada desarmadero y chatarrería inspeccionada.
Con respecto a la situación en Rosario, funcionarios provinciales constataron reiterados episodios de robo de "alumbrado público y de medidores de gas, luz y agua", según señaló el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
Al respecto, detalló: "En enero se realizó un registro de los hechos que se suscitaron en la ciudad, los cuales se fueron auditando y controlando mes a mes para observar la evolución de este tipo de robos, y a la vez viendo si las inspecciones realizadas desde la Provincia tenían efecto".
En relación a esto, Figueroa Escauriza precisó: "En enero tuvimos 1.040 hechos de robo en la ciudad de Rosario y en agosto tuvimos 240 denuncias realizadas por los vecinos al 911 por este tipo de hechos, es decir que bajamos un 76,4 % las denuncias por robos, tanto de cable de alumbrado público como de metales ferrosos y no ferrosos".
"De 3.200 hechos que tenemos al día de hoy en toda la provincia, nos demuestra que si hubiésemos seguido con la proyección del mes de enero, estaríamos en más de 8.000 hechos", agregó al respecto.
Millones incautados
Cabe señalar que los controles forman parte de un trabajo coordinado entre el Gobierno de la Provincia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones (PDI) y los gobiernos locales, lo que derivó en el secuestro de más de "$35 millones y USD 10 mil, 12 detenidos y el secuestro de 10 armas de fuego", según detalló el secretario de Gestión de Registros Provinciales, quien sumó que esto demuestra que "cuando hay control de los comercios que se dedican a lo ilegal, surgen delitos conexos que se vinculan tales como el narcomenudeo porque las personas de calle que cortan los cables y luego los venden, cobraban con droga del búnker del mismo titular de este tipo de comercio". Cabe señalar que, durante estos meses, se incautaron 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. Además, subrayaron que el total de los elementos compactados en ese período asciende a 700 toneladas. Entre lo secuestrado se encontraron, placas de cementerio, crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes y cables de electricidad y ataúdes, entre otros elementos. Como dato saliente, en Venado Tuerto, una chatarrería completa resultó decomisada por la Justicia y puesta a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar todos los elementos encontrados. Las cifras señalan, asimismo, el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncias que ofrece la provincia a la población. Los controles se complementan además con tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de los comercios dedicados a estas actividades. Asimismo, tienen la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por estos comercios. Se busca así contribuir a una política del Estado tendiente a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios.
