Grupos socioambientales anunciaron medidas en conjunto para exigir al gobierno nacional el cuidado del medio ambiente y la soberanía nacional ante lo que calificaron como la "nueva privatización del río Paraná hasta 2055", con más dragado y sin controles.
La gestión de Javier Milei lanzó un pliego de licitación de la hidrovía por 30 años destinado a las grandes empresas multinacionales y eliminó por decreto el ente de control. Denuncian la falta de participación ciudadana y de las provincias, además de volver a obviar un estudio de impacto ambiental serio.
Ariel Ocantos, del Taller Ecologista, cuestionó la profundización del dragado, la ausencia de estudios de impacto ambiental y entes de control. Mencionó el sedimento del dragado que tapona las bocas de arroyos y lagunas del Delta interior (escenario que Rosario3 recorrió y narró hace unas semanas). “La ciudad de Victoria, por ejemplo, se puede quedar sin agua potable por tercerca vez”, alertó, ante una eventual bajante.
Este jueves hubo un encuentro en Rosario del que participaron unos 40 delegados de diferentes espacios ambientales, sindicales y políticos como Taller Ecologista, Paraná no se toca, Multisectorial por los Humedales, Foro por la recuperación del Paraná, Cooperativa de Pescadores de Victoria, Coad, Amsafé, entre otros.
Tras el análisis del pliego, planificaron acciones de repudio y la primera será una asamblea ciudadana el sábado 28 diciembre, a las 17, en la cabecera del puente Rosario Victoria. Habrá debate y radio abierta. Será, adelantaron a este medio, en la rotonda de abajo del inicio de la ruta nacional 174, sin corte de tránsito.
“Fue un acercamiento entre organizaciones que no veníamos colaborando en este tema pero la coyuntura nos obliga a pensar acciones juntos. Fue muy fructífero”, dijo Ocantos.
Según el anuncio del gobierno, "se realizará una profundización a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano" y "métodos dinámicos para establecer nuevas profundidades (más de 39 pies), así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso, en cualquier momento del contrato". Un avance casi sin límites.
No es menor, en materia de soberanía, que "se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques" que harían empresas privadas y no el Estado. Justo sobre una vía navegable atravesada por el narcotráfico a gran escala.
En principio, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables recibirá las ofertas hasta el 29 de enero de 2025. Se trata, como informó Rosario3, de una fuerte disputa entre pesos pesados a nivel mundial por quedarse con la concesión de la vía navegable: un negocio de 12 mil millones de dólares.
En esa batalla, una de las principales dragadoras del mundo pidió que se anule la licitación de la hidrovía.
Ambiente, control y participación
Desde el Taller Ecologista y de Cauce añadieron: "El proceso licitatorio lanzado en noviembre por el gobierno de Javier Milei abre la posibilidad de llevar la profundidad del canal del río Paraná hasta los 44 pies, previa realización, según dicen los pliegos, de estudios de factibilidad y gestión ambiental correspondientes.
"La concesión 1995-2021 careció —como indicó la Auditoría General de la Nación— de un órgano de control, que la ley mandaba a constituir, como con cada servicio público licitado. Al vencerse la concesión, el gobierno de Alberto Fernández intentó subsanar tímidamente esa falta con la creación, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia, del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina). Este organismo tenía el objetivo de auditar las obras realizadas en el dragado y balizamiento del río Paraná. Sin embargo, fue suprimido por el gobierno de Milei.
"Sumado a esto, el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), ente que nuclea a las siete provincias ribereñas del Paraná y del río Paraguay e incluye a las universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil como observadores, no ha tenido injerencia activa en la elaboración de los pliegos de la licitación en curso. Solo una vez, en febrero de 2021, convocó a las organizaciones de la sociedad civil, que presentaron propuestas de trabajo al CFH, pero nunca tuvieron respuesta.
"Desde el movimiento ambientalista y desde organismos académicos y de ciencia y tecnología venimos denunciando que, desde la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná en 1995, los estudios de impacto ambiental no han sido los pertinentes en materia de obras de dragado y balizamiento. Las metodologías empleadas no responden a las características del curso del río y de sus humedales (Rabufetti, Abrial, Espínola, 2022).
"Consideramos que el actual proceso licitatorio con las obras propuestas somete al río Paraná, su cauce, ecosistemas y comunidades —que viven de y en relación con él — a un agravamiento de los impactos socioambientales que sufre. Por lo que exigimos la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, que monitoree exhaustivamente las condiciones socioecológicas del río Paraná y los impactos acumulativos en estos 30 años de política de infraestructura y navegación fluvial escasamente controlada por autoridades y expertos competentes.
"Demandamos la garantía de espacios de participación ciudadana a través de audiencias públicas, según lo establecen la Ley General del Ambiente 25.675 y el Acuerdo de Escazú, para que los movimientos y organizaciones de la sociedad civil puedan expresar sus preocupaciones y propuestas, para que comunidades de pescadores e isleños puedan alertar sobre el agravamiento de las consecuencias de un modelo que impulsa una aceleración del extractivismo sojero a costa de la vida de nuestro río".
