Es de público conocimiento que las últimas semanas se celebraron casamientos entre personas que infringen la ley. Se trata de parejas narcotraficantes que están cumpliendo o no con las condenas correspondientes.
Al respecto surgieron muchas dudas, entre ellas, si es legal o no que esto suceda, teniendo en cuenta como finalizó por ejemplo la celebración de Ibarlucea. Con un triple crimen. Maximiliano Giménez y Érica Romero fueron acribillados el sábado pasado junto a su beba de un año y medio a la salida de un casamiento narco.
Pero al parecer la ley concede el derecho de unirse en matrimonio a pesar de estar privado de la libertad. "Procedemos conforme a lo que establece la norma, que regula a nivel nacional cómo deben realizarse los matrimonios en todo el país. La ley provincial nos permite salir y realizar matrimonios móviles en salones, iglesias, donde sea", respondió Mariano Gálvez, Director del Registro Civil al programa Radiópolis en Radio 2.
Por otro lado, se dijo que se celebran alrededor de 30 o 40 matrimonios en diferentes lugares, y que en estos casos se actuó bajo todos los requisitos de la ley. Con total normalidad.
Sin ir más lejos, la justicia de Uruguay autorizó viajar a Rosario para casarse a un hombre que está siendo investigado por vínculos con el narcotráfico. La boda se celebró en Puerto Norte.
El problema surge cuando por ejemplo una persona privada de su libertad rompe con la prisión domiciliaria para justamente, celebrar su unión matrimonial. Gálvez afirmó: "No tenemos un sistema de cruzamiento con el sistema penal. Los privados de libertad también pueden casarse".
