La Defensa Pública de la provincia de Santa Fe aseguró que la autorización a los policías para tener las armas listas para disparar (con “cartucho en la recámara”) está “desacoplada” de las medidas nacionales en la materia y de la normativa internacional. "Una sociedad más pacífica no se logra a partir de políticas públicas de mano dura”, destacó.
Tras el caso del primer herido en la puerta de una comisaría vinculado a esa polémica medida que dio a conocer Rosario3, el organismo del Poder Judicial expresó “su preocupación sobre la flexibilización del uso de armas letales por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad”.
A través de un comunicado, la defensora Jaquelina Balangione comparó la medida implementada por el jefe Víctor Sarnaglia (que dio marcha atrás a un decreto de 1998 que había puesto fin a esa práctica vinculada al gatillo fácil) con la orientación que impuso la nueva gestión nacional en la materia.
“En diciembre, a nivel nacional se han dejado sin efecto las resoluciones cuestionadas por encontrarlas contrarias a los principios aplicables al uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, por lo que resulta trascendente remarcar que la resolución del Jefe de Policía de la Provincia se encuentra desacoplada tanto de la normativa internacional aplicable -a la que remite la Ley de Seguridad Interior-, como de los lineamientos establecidos por el Estado Nacional”, señaló.
“La Defensa Pública expresa su seria preocupación sobre el tema y solicita a las autoridades competentes la adopción de medidas tendientes a limitar el uso de armas de fuego letales; habilitándose su utilización solamente en los casos estrictamente necesarios”, pidió la Defensa Pública.
Balangione había cuestionado los reglamentos y protocolos de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich que flexibilizaban el uso de armas letales por “inconstitucionales y generadores de mayor violencia”.
Ahora, reafirmó mediante el comunicado, "que una sociedad más pacífica no se logra a partir de políticas públicas «de mano dura» sino a partir de políticas inspiradas en Derechos Humanos (vínculos familiares, educación, salud, condiciones de vida dignas, trabajo, capacitación en oficios)".
Un herido en la puerta de una comisaria
La implementación de esa resolución de Sarnaglia, cuestionada entre otros por el criminólogo Enrique Font, generó un primer herido de bala en un incidente registrado en la puerta de la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez.
Un suboficial declaró que tras forcejear con un joven que había sido liberado de esa seccional y familiares se produjo el disparo por "accidente".
El parte de la fuerza al que accedió Rosario3 aclara que la pistola "con doble acción provista por la repartición poseía cartucho en recámara debido a la nueva orden emanada por el Ministerio de Seguridad debido a la violencia ocurrida en la ciudad".
Tortura o malos tratos
Durante el 2019, el Registro de Violencia Institucional del Servicio Público Provincial de Defensa ha tomado razón de 1.244 hechos de tortura o malos tratos, afectando a 520 víctimas.
Datos que reflejan en el orden local, una situación semejante a la de otras partes de la Nación. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), durante 2017 murieron 146 personas en hechos de violencia con participación policial sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.
Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 23 horas hay un caso de "gatillo fácil" en Argentina.
