La Justicia federal ordenó allanar centros médicos y escribanías en Rosario y Buenos Aires por una causa en la que se investiga un posible negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”, y la posterior comercialización de los bebés que nacen a partir de ese método.
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y se llevaron a cabo el miércoles pasado en forma simultánea con personal las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).
La investigación se inició en enero pasado y en la maniobra participarían personas y empresas constituidas en el extranjero –con actividades en la Argentina–, a través de lo cual los implicados obtuvieron importantes ganancias.
Los sitios allanados el miércoles último de manera simultánea por la Policía Federal fueron dos centros de fertilidad de Rosario y cuatro de la ciudad de Buenos Aires. Allí, las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro, señaló el portal Fiscales.
En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos, indicaron voceros judiciales.
También se hicieron procedimientos en siete escribanías donde se hacían las firmas del consentimiento por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Por ello, se ordenó el secuestro de actuaciones notariales, protocolos y certificaciones de firmas respecto de los casos investigados.
Por último, hubo allanamientos en tres estudios jurídicos que aparecen representando a las gestantes o a los interesados en estos procedimientos.
Incidente en Alemania
El caso se inició el 25 de enero de 2024 a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.
La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.
También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.
Servicios para el extranjero
“En concreto, las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difunden sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un «servicio» –que en algún caso, por ejemplo, era denominado «Programa Argentina»– con un valor aproximado de 50 mil dólares”, señaló la fiscal Alejandra Mángano en el dictamen donde pidió los allanamientos.
La fiscal explicó que ese servicio “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
En el mismo dictamen, la fiscal federal Mángano que además es titular junto a Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, indicó que “otra cara de este «negocio» es el sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de U$S 10.000 (dólares) por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un ‘plus’ de entre U$S 1.000/2.000 (dólares) si el parto fuera por cesárea”.
“Los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles 10 mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los correspondientes controles, y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales –acreditadas en el caso– que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes”, dice la opinión de la fiscal.
“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de «gestación por sustitución»”, remarcó Mángano en su dictamen.
Así, la Fiscalía tomó conocimiento de 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año y se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación.
Para el MPF las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre” mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.
