La Corte Suprema de Santa Fe interviene en el caso Vicentin: nuevo capítulo en una saga de denuncias y megaestafas. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe decidió admitir el recurso de queja presentado por Commodities S.A., abriendo así una nueva fase de análisis sobre las acusaciones en contra del acuerdo preventivo homologado de Vicentin S.A.I.C. Esta resolución responde al reclamo de acreedores granarios, quienes llevan más de cinco años denunciando maniobras fraudulentas y exigiendo justicia ante lo que califican como una de las mayores estafas económicas de la región.

Según el comunicado emitido por el Fideicomiso de Acreedores Granarios, esta intervención de la Corte representa un "paso crucial" en la búsqueda de una solución justa. “Esto permitirá analizar en profundidad lo que consideramos una megaestafa perpetrada por Vicentin y sus directivos”, expresó en su comunicado oficial, destacando su descontento con la propuesta de quita extraordinaria presentada en el concurso.

Un conflicto millonario y el rechazo al desguace

La controversia surge a partir de la homologación de un acuerdo que establecía el pago inicial de 30.000 dólares para todos los acreedores quirografarios, independientemente del tamaño de su deuda. Los críticos denuncian que esto favorece injustamente a algunos y genera una quita drástica para otros, quienes podrían recibir solo el 15% del total adeudado en doce años. "Es una maniobra deliberada para dividir a los acreedores y forzar una solución favorable a la empresa", señaló Commodities S.A. en su denuncia.

El fideicomiso también recordó que los directivos de Vicentin enfrentan actualmente cargos penales, con la Fiscalía solicitando penas de hasta 17 años de prisión por su implicación en presuntos delitos financieros. Los acreedores insisten en la necesidad de que se reactive el proceso de cramdown, lo que permitiría a terceros interesados ofrecer alternativas para salvar la compañía sin liquidarla.

La posición de la Corte

En su resolución, la Corte Suprema consideró que la queja presentada por Commodities S.A. está suficientemente fundamentada para un análisis constitucional. De esta manera, se abre la posibilidad de revisar la legalidad del acuerdo homologado, que los demandantes describen como "abusivo e impracticable". Esta instancia, argumenta la Corte, es vital para evitar un escenario de quiebra que termine por desguazar la empresa, afectando tanto a los acreedores como a la economía local.

El impacto social y económico

Los acreedores enfatizan que más allá del conflicto empresarial, el impacto del colapso de Vicentin es significativo para la comunidad. “Es fundamental preservar las operaciones de las plantas para evitar una crisis mayor en la región”, advierten en su comunicado. El fideicomiso se compromete a continuar con todas las acciones legales necesarias para asegurar una resolución justa y evitar que la empresa caiga en manos de un proceso de liquidación.

Un futuro incierto

La saga judicial de Vicentin suma ahora un nuevo capítulo con la intervención de la Corte Suprema. Mientras tanto, los acreedores esperan que la Justicia actúe con firmeza, desenmascarando a quienes, según afirman, han causado un daño irreparable a través de una serie de maniobras financieras opacas. En el horizonte, la posibilidad del cramdown se perfila como la última esperanza para alcanzar una solución equitativa que evite la desaparición de la histórica agroexportadora.