El Gobierno estaría considerando la suspensión de aumentos en las tarifas de luz y gas para el mes de julio. Esta medida, de implementarse, sería significativa en el contexto económico actual, ya que tendría como objetivo aliviar la carga económica de los hogares durante el invierno, cuando el consumo de estos servicios aumenta considerablemente. La decisión se alinearía con los esfuerzos por mejorar el poder adquisitivo de la población, lo cual sería especialmente relevante en una economía marcada por la inflación y la volatilidad del mercado cambiario.

En detalle, la medida estipularía que los consumos hogareños de julio no tendrían aumentos en sus tarifas, aunque dependiendo de la fecha de facturación, la mayoría de los usuarios verían este beneficio reflejado en sus facturas de agosto. Esta decisión no solo intentaría mitigar el impacto económico del mayor consumo estacional, sino que también buscaría proporcionar un respiro en medio de ajustes tarifarios previos.

A principios de junio, el Gobierno había modificado los topes de consumo máximos subsidiados y las bonificaciones sobre los precios mayoristas de energía eléctrica y gas natural para usuarios clasificados en diferentes segmentos de ingresos. Estas modificaciones formarían parte de un proceso de transición hacia un régimen de subsidios más focalizado. El objetivo sería que los usuarios conozcan el costo real del kW de energía eléctrica y el m3 de gas natural, y puedan identificar la asistencia del Estado según su capacidad de pago.

Para ejemplificar, con un consumo promedio de 250 kWh, las facturas variarían significativamente entre los diferentes segmentos de ingresos:

• Usuarios de ingresos altos (N1): Verían un aumento del 23%, pasando de $24.710 a $30.355. Este segmento abarcaría aproximadamente 1,5 millones de hogares.
• Usuarios de ingresos bajos (N2): Este grupo, que comprendería 1,9 millones de usuarios, experimentaría un aumento del 99%, con facturas pasando de $6.295 a $12.545.
• Usuarios de ingresos medios (N3): Con un aumento del 156%, las facturas de este segmento pasarían de $6.585 a $16.850, englobando a 1 millón de clientes.

Es importante señalar que para la energía eléctrica, los usuarios N1 no tendrían topes de consumo, mientras que los usuarios N3 tendrían un tope de 250 kWh/mes (anteriormente era de 400 kWh/mes) y los N2 un máximo subsidiable de 350 kWh/mes.

En cuanto a las tarifas de gas, los consumos de julio tampoco verían aumentos. Esto significaría que los usuarios pagarían lo mismo que en junio, siempre y cuando su consumo se mantenga igual. Sin embargo, cabe recordar que en junio se aplicaron aumentos tarifarios que oscilaron entre 9,2% para el segmento N1, 33% para N2 y 10% para N3.

Esta estrategia de congelamiento temporal de tarifas podría ser una respuesta directa a la necesidad de sostener el poder adquisitivo y evitar un mayor deterioro económico en un período de alta demanda energética. Al mismo tiempo, reflejaría la complejidad de gestionar políticas tarifarias en un contexto de inflación persistente y presiones económicas múltiples.

Por otra parte, la brecha cambiaria cerca del 50% seguiría siendo un factor de riesgo significativo para la economía argentina. La escalada del dólar blue generaría incertidumbre y presionaría aún más sobre los precios internos, exacerbando la inflación. Este escenario impondría desafíos adicionales tanto para las políticas económicas del Gobierno como para las finanzas personales de los ciudadanos.

La cuestión del aguinaldo de junio también se convertiría en un tema de interés. El pago del medio aguinaldo representaría un ingreso adicional para los trabajadores, pero también implicaría un desembolso considerable para las empresas. En este contexto, el mantenimiento de tarifas estables podría proporcionar un pequeño alivio tanto para los hogares como para las pymes que se enfrentarían a la necesidad de equilibrar sus cuentas en un entorno económico desafiante.