Este viernes se realizó la audiencia imputativa contra Óscar Armando Caba Hurtado (57 años), el piloto de nacionalidad boliviana que fue detenido el jueves en Pueblo Andino –a 40 kilómetros de Rosario– y está sindicado de ser quien pilotaba la avioneta Cessna 206 que fue interceptada por la Fuerza Aérea y obligada a aterrizar en un campo cercano a Luis Palacios, y en la que se hallaron 475 kilos de cocaína. Lo acusaron formalmente por “contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización agravado y transporte ilegal de material estupefaciente” y ordenaron su prisión preventiva por 90 días, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La imputación fue realizada por el titular de la delegación regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal Matías Scilabra; el titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo, fiscal federal Claudio Kishimoto; y el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt.
Oscar Armando Caba Hurtado, un coronel retirado de la Fuerza Aérea del Estado Plurinacional de Bolivia, fue trasladado este viernes a los Tribunales Federales de Rosario donde se formalizó la investigación preparatoria en una audiencia en la que intervino el juez de garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
El MPF calificó el hecho atribuido al piloto como “contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, rutas aéreas no autorizadas y lugares clandestinos de aterrizaje en concurso ideal con transporte ilegal de material estupefaciente, en carácter de autor”.
En la audiencia, además, el magistrado hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado, por el término de 90 días, indicó el sitio fiscales.org.
Detención a orillas del Caracarañá
El pasado jueves al mediodía fue detenido en Pueblo Andino el piloto de la avioneta Cessna 206 no autorizada en el espacio aéreo argentino, que aterrizó en Luis Palacios este miércoles con unos 475 kilos de cocaína. De acuerdo a lo que informaron en De 12 a 14 (El Tres), el piloto fue rescatado por bomberos en el lugar en el que se había escondido, bajo una barranca al borde del río Carcarañá.
Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial comunicaron que un llamado telefónico a la comisaría 13ª de la localidad de Pueblo Andino, de la Unidad Regional X del departamento Iriondo, alertó sobre la presencia de un hombre con actitud sospechosa a orillas del río.
Al arribo al lugar, los efectivos de la Policía de Santa Fe confirmaron que se trataba de una persona de nacionalidad boliviana, buscado como uno de los tripulantes de la avioneta con cargamento de material estupefaciente que aterrizó en la zona rural entre Aldao y Luis Palacios, en el departamento San Lorenzo. El piloto logró escapar antes del arribo de las fuerzas de seguridad a la aeronave, pero fue capturado al día siguiente mientras intentaba camuflarse. Fue llevado en primer lugar a la dependencia policial de Andino.
El fiscal Scilabra advirtió en la audiencia de este viernes que el ingreso de la avioneta en el espacio aéreo argentino se trató de “una maniobra de tráfico de estupefacientes trasnacional con la probable participación de otras personas de nacionalidad boliviana y argentinas aún no identificadas”. Además, indicó que la aeronave tenía la matrícula adulterada.
El funcionario también detalló las circunstancias anormales en las que fue individualizado Caba Hurtado el jueves por la mañana, cuando se ocultaba en la barranca del río Carcarañá y fue identificado y detenido, luego de que un vecino lo divisara y llamara a los bomberos y a la policía porque pensaba que estaba en riesgo de caer al agua.
Por su parte, Bernhardt hizo un repaso de las medidas que se tomaron en cuanto tomó conocimiento del hecho la Sede Fiscal Descentralizada, como el análisis del material estupefaciente. Los funcionarios además citaron las evidencias que se acumularon hasta el momento, como el secuestro de la avioneta, la droga, el croquis del lugar de aterrizaje y documentación personal del imputado.
Al aclarar que se notificó al Consulado de Bolivia sobre la situación legal del imputado, los fiscales enumeraron medidas pendientes, como la declaración de testigos, el requerimiento al gobierno de Bolivia para que informe antecedentes penales o si tiene causas abiertas en aquel país, los bienes muebles e inmuebles que posee, el reporte satelital con posicionamiento global para determinar la ruta que hizo la aeronave desde Bolivia antes de aterrizar en Andino y el relevamiento de los planes de vuelo de la aeronave desde 2015 a la fecha.
En relación a terceras personas que pudieran estar involucradas como apoyo en tierra para el desembarco de la droga, el fiscal Bernhardt indicó que se solicitaron informes a distintas empresas titulares de antenas de telefonía celular para obtener los impactos de llamadas o mensajes entrantes y salientes en un determinado sector y rango horario.
Peligro de fuga
Para argumentar el pedido de la prisión preventiva efectiva por 90 días para el militar retirado, los fiscales señalaron que se evidencia “peligro de fuga” ante la gravedad y circunstancias especiales del hecho, que demuestran la posibilidad de acceder a recursos.
También, que se trata de un militar retirado, que no tiene arraigo en el país, y según informes de la Dirección de Migraciones, nunca ingresó oficialmente a la Argentina. Además, si bien se guardan los informes oficiales, subrayaron que en Bolivia aparentemente tiene una causa abierta por un hecho de homicidio que aún no tuvo resolución, abundó fiscales.org.
La causa mencionada es una en la que está acusado de perpetrar delitos de lesa humanidad en los sucesos del 15 noviembre de 2019 durante la presidencia de facto de Jeanine Áñez tras la renuncia forzada de Evo Morales. En rigor el militar está acusado de participar de la llamada Masacre de la localidad boliviana de Sacaba (departamento de Cochabamba) donde 10 civiles murieron por balas de militares especializados en medio de protestas contra Yáñez.
El abogado defensor del piloto, Hugo Leguizamón, indicó que el imputado hacía reserva de declarar en instancias posteriores.
En consecuencia, el juez Rodrígues Da Cruz ordenó la prisión preventiva del ciudadano boliviano por el plazo solicitado, es decir 90 días, con vencimiento el 27 de enero de 2025.